El fin del latifundio La Resolana

Breve historia sobre la llegada del ejido a las tierras de una hacienda en la costa jalisciense

The end of La Resolana

Brief history about the arrival of the ejido to the lands of a hacienda on the coast of Jalisco

Juan Martín Díaz Ruiz1•

Resumen

La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, se dio por terminada en 1920, por lo que, como parte de los logros de dicha conflagración, el Estado impulsó de manera decidida la aplicación de Ley Agraria, consagrada en la Constitución de 1917. Así, algunos de los grandes latifundios del país comenzaron a ser desarticulados. En la región costa de Jalisco correspondió a Casimiro Castillo Vigil, diputado y líder agrario de la costa jalisciense, impulsar de manera decidida la articulación de los primeros ejidos, para que campesinos desposeídos fueran dotados de tierra para su sostenimiento y el de su familia. En este sentido, la hacienda La Resolana, un latifundio histórico de la región costa sur jalisciense, fue poco a poco repartida entre centenares de campesinos susceptibles de ser dotables a lo largo más de cuatro décadas; surgieron, así, los ejidos La Resolana, La Piedra, Barranca de la Naranjera, entre otros.

Palabras clave: latifundio, ejido, dotación, La Resolana, Casimiro Castillo.

Abstract

The Mexican Revolution, which began in 1910, was terminated in 1920, As part of the achievements of this conflagration, the State decisively promoted the application of the Agrarian Law enshrined in the Constitution of 1917. Thus, some of the large latifundia of the country began to be dismantled. In the coastal region of Jalisco, it was up to Casimiro Castillo Vigil, deputy and agrarian leader of the Jalisco coast, to decisively promote the articulation of the first ejidos, so that dispossessed peasants were endowed with land for their sustenance and that of their family. In this sense, the hacienda La Resolana, a historic latifundio of the southern coast region of Jalisco, was gradually distributed among hundreds of peasants likely to be dotable over more than four decades; so emerged the ejidos La Resolana, La Piedra, Barranca de la Naranjera, among others.

Keywords: latifundio, ejido, dotación, La Resolana, Casimiro Castillo.

Introducción

El presente artículo es parte de una investigación mucho más amplia sobre la historia de Casimiro Castillo, Jalisco. Asimismo, lo que aquí se describe no es un trabajo exhaustivo sobre la historia de las dotaciones ejidales en dicho municipio; más bien, se aborda de manera breve el proceso histórico que llevó a la desarticulación de la mayor parte del latifundio La Resolana entre los años veinte y cincuenta del siglo pasado.

La hacienda se estableció en Purificación, Jalisco, municipalidad del sexto cantón de Autlán, probablemente, en los primeros años del Porfiriato. Sus tierras tuvieron distintos dueños a lo largo de más de cuatrocientos años, pero en la segunda mitad del siglo xx fueron adquiridas por Pedro Elórtegui, quien al morir heredó la finca a sus hijas Emigdia, Damiana y Joaquina Elórtegui. Entre 1900 y 1930, la hacienda alcanzó cierta prosperidad agrícola, comercial y rentista. Incluso, era considerada una de las más grandes y ricas de Purificación y la región costa sur de Jalisco, pues contaba con 8 778 hectáreas, diversos arroyos que durante todo el año mantenían el vital líquido para los cultivos, tierras de labor de alta calidad, pastos para ganado y productos maderables en abundancia.

A partir de 1920, con la presidencia de Álvaro Obregón (1920-1924) se proyectó hacer efectivo el reparto agrario a lo largo y ancho de la nación, lo que, sin duda, posibilitó la conformación del ejido La Resolana dentro del marco legal correspondiente. Fue uno de los primeros que vieron la luz en la costa sur jalisciense. En este sentido, en las siguientes páginas, se describe su trayectoria histórica, así como su primera ampliación. Al mismo tiempo, se aborda brevemente el proceso que posibilitó que La Resolana adquiriera la categoría de Comisaría Municipal y que, posteriormente, alcanzara el rango de cabecera municipal del municipio de Casimiro Castillo. Asimismo, se abunda en la articulación de los ejidos La Piedra y Barranca de la Naranjera, pues también fueron articulados a expensas de las tierras del latifundio en cuestión.

Como bien se dijo, el trabajo que se presenta, forma parte de una investigación histórica más profunda sobre Casimiro Castillo, misma que se ha venido realizando por más de dos décadas, durante las cuales se han recopilado textos, documentos, censos, prensa escrita, periódicos oficiales y entrevistas semiestructuradas a pobladores de la localidad. Ello posibilitó la realización del presente artículo, pues a partir de distintas fuentes se pudo disponer de la mayor cantidad de antecedentes históricos para la investigación.

La información que viabilizó la presente descripción histórica fue obtenida, en primer lugar, a partir de diversos textos que, de manera muy sucinta, abordan el tema que nos ocupa. Frente a tal limitante, en segundo lugar, fue necesario hacer uso de los censos estatales disponibles, por lo menos hasta 1950, con la finalidad de obtener datos concretos para conocer la evolución de la población, tanto de La Resolana como de otras haciendas en la región. En tercer lugar, fue necesario indagar en los resolutivos agrarios que beneficiaron a los pobladores de diferentes rincones de estado, a partir de documentos obtenidos en el Archivo Histórico de Jalisco, precisamente, en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco; además, se consultó de manera digital, el Diario Oficial de la Federación, pues guarda un acervo por demás relevante en torno a las resoluciones en materia agraria de la nación. Asimismo, se indagó en El Informador, pues en sus páginas guarda datos por demás pertinentes y fidedignos sobre el tema aquí estudiado.

Finalmente, con el objetivo de profundizar en la historia no escrita acerca de los ejidos y la hacienda, se obtuvieron algunos datos a partir de cinco entrevistas semiestructuradas realizadas a pobladores longevos, en 2008 y 2016, a fin de conocer testimonios orales sobre el tema, mismas que fueron grabadas y transcritas para facilitar su manejo. Fue así que se contó con la información pertinente, para describir el proceso histórico que acompañó la desarticulación del latifundio La Resolana en beneficio de centenares de campesinos desposeídos, tanto de la región como otras localidades circunvecinas.

La hacienda La Resolana

Durante el Porfiriato, las haciendas agrícolas y ganaderas impulsaron la economía de México en distintas regiones del país; sin embargo, también generaron mucha desigualdad y pobreza entre los campesinos mexicanos, que básicamente se tenían que emplear en dichas fincas para obtener el sustento para ellos y sus familias. En Jalisco, y cada uno de sus cantones, también impulsaron las economías regionales y locales, con las consecuencias ya señaladas. El Censo de 1900 registró 358 haciendas en territorio jalisciense, pues prácticamente en todos los rincones del estado se contaba con tales unidades productivas (Secretaría de Fomento, Colonización e Industria [scfi] & Dirección General de Estadística [dge], 1905). La Resolana, propiedad de Pedro Elórtegui, era una de ellas. De acuerdo con los datos que se tienen sobre su historia, se estableció en la primera década del Porfiriato. Precisamente, en un mapa del Sexto Cantón de Autlán, realizado en 1885 por la Comisión de Revalúo, aparece el nombre de La Resolana junto con otras localidades del antiguo valle de Expuchimilco. Una década después, Jorge Delorme y Campos (1895), en su División Política del Estado de Jalisco de 1895, la registró como Comisaría de Policía de Purificación.

En 1900, la hacienda fue registrada por el Censo de Población del estado de Jalisco, arrojando una población de 369 habitantes (scfi & dge, 1905). Igualmente, en 1910, el año de la reelección de Porfirio Díaz, se levantó un nuevo censo nacional, mismo que empadronó 746 pobladores (scfi & dge, 1914) que vivían cerca del casco de la hacienda. Era una población relativamente importante, particularmente si tomamos en cuenta que no se contaba con caminos de terracería y mucho menos con carreteras para comunicarse con el resto de Jalisco, pues los primeros caminos para automotores que tuvo la región fueron trazados al despuntar los años cuarenta. Fueron los de arriería, por los que transitaban seres humanos, animales y mercancías. El incremento poblacional de La Resolana, que creció prácticamente al doble, probablemente, se encuentra vinculado con la bonanza de la finca, pues, desde la última década del Porfiriato, era identificada como una de las más prósperas de la región. Si a ello agregamos las difíciles condiciones climáticas y de salubridad que caracterizaban a la costa jalisciense, sin duda, la población asentada no era nada desdeñable.

Entre los pocos datos que se han localizado en torno a su productividad, encontramos los que nos brinda la Estadística Agrícola de Jalisco de 1910, donde se anotó que la hacienda contaba con 51 hectáreas cultivadas entre riego y temporal, y empleaba 20 jornaleros. Entre los productos obtenidos se encontraban arroz (115 mil kilogramos [kg]), café (1 380 kg), frijol (500 hectolitros [hl]), maíz (3 mil hl) y tabaco (11 500 kg), todo ello con un valor de 15 540 pesos (Arias & Rivas, 1994). A ello se puede sumar las rentas que sus dueños obtenían por facilitar tierras a diversos campesinos que laboraban como medieros de la hacienda, así como las múltiples cabezas de ganado que criaban a costa de los ricos pastos que disponían en su demarcación o los bosques maderables.

Las tierras de cultivo de La Resolana eran parte de un valle fértil, rodeado de montañas y pequeños lomeríos, con corrientes de agua tanto intermitentes como perennes, suficientes para impulsar las actividades agrícolas y ganaderas tanto en época de lluvias como de estiaje. Dichas tierras, según Crescenciano Brambila (1962), fueron “propiedad de la familia González Corona, después de los Michel de Autlán, y en el siglo próximo las compró el español D. Pedro Elórtegui…” (p. 190). Posteriormente, cuando Joaquina Elórtegui se casó con Gil González recibió una parte de la hacienda como herencia, misma que su esposo se encargó de administrar, junto con la parte correspondiente de sus hermanas; “él levantó el casco de la hacienda e incrementó la agricultura, haciéndola una de las más prósperas de la costa” (Brambila, 1962, p. 191). Sin embargo, con la puesta en práctica de la Reforma Agraria, perdió una parte importante de las tierras, pues “el agrarismo le quitó propiedades y le ocasionó dificultades con los ejidatarios, y un mediero, Cesáreo González, lo asesinó dentro de su hacienda al amanecer del 15 de junio de 1933” (Brambila, 1962, p. 191).

Tras la muerte de Gil González, los hermanos Narciso y Manolo Lozano se encargaron de administrar la hacienda, ya que, este último, estaba casado con Felisa González, hija del finado (Brambila, 1962, p. 161). En sus mejores momentos, La Resolana, según lo dicho por Aurora González Acuña, contaba con “ganado, rentas de terrenos, cafetal, madera en grande escala y la casa del Casco como casa habitación: Aserradero, Molino de Nixtamal, Almacén, etc. etc.” (El Informador, 1946, p. 6). Algunos pobladores de la localidad aún recuerdan la casa de los hacendados. Es el caso de Porfirio Alvarado Díaz, quien se crió en la localidad y conoció muy bien la finca, por lo que no olvida que era “grande, muy grande” y “bonita” (Porfirio Alvarado Díaz, comunicación personal, junio 2008).

La desarticulación del latifundio de La Resolana

Con la proclamación de la Constitución de 1917 y las leyes en materia agraria, que de alguna manera consagraron los ideales de Emiliano Zapata, los campesinos mexicanos pudieron vislumbrar un futuro prometedor, pues una vez terminada la conflagración, exigieron ser dotados de tierras pertenecientes a las haciendas en diferentes latitudes de la nación. Fue el caso de los lugareños de la hacienda La Resolana, quienes tal como la ley lo estipulaba, solicitaron ante las autoridades correspondientes ser beneficiados con tierras de cultivo. Cabe destacar que dicha hacienda no estuvo ajena al proceso revolucionario que se desarrolló en México entre 1910 y 1920, aunque durante la conflagración solo se suscitaron breves incursiones de grupos revolucionarios, quienes generalmente trataron de esconderse de sus adversarios o la usaron como punto de paso a otras regiones de la costa.

Cuando en 1921 se levantó el Censo General de Habitantes, La Resolana contaba con 363 pobladores (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [inegi], 1928), 383 menos que en 1910. Por lo tanto, se puede inferir, por un lado, que las breves incursiones de los revolucionarios ahuyentaron a la población, misma que abandonó la hacienda y migró a localidades más seguras; por el otro, probablemente, se redujo el trabajo en la hacienda, ocasionando la reducción de su población, que se vio en la necesidad de encontrar sustento en otras localidades. A pesar de dicha migración, a principios de los años veinte, la finca albergaba una mayor población en comparación con otras haciendas aledañas, tanto las de Purificación como de Autlán. En Purificación, Corral de Piedra tenía 52 habitantes; Loma Delgada, 112; Zapotillo, 163; Alcihuatl, 164, y Estancia de Amborín, 204. En Autlán, Tecomatlán contaba con 191 pobladores, mientras Ahuacapán tenía en su demarcación 1 031 habitantes (inegi, 1928), con lo que era la única que superaba a la población de la hacienda en cuestión.

En torno a la finca de La Resolana se fue articulando la localidad del mismo nombre, pues al ser una de las haciendas más prósperas de la región, poco a poco posibilitó la vecindad de numerosas familias y trabajadores. Muchos eran habitantes oriundos de la región, pero otros llegaron a trabajar como medieros o por la oportunidad de empleo que representaba la hacienda, lo que generó un incremento importante en el número de personas avecindadas en las inmediaciones de la finca. La mayoría de la población que se fue arraigando construyó sus hogares hacia las faldas del conocido cerrito de la Cruz. José Gutiérrez Zamora, habitante de la localidad, precisa que, hacia dicho cerro, cerca de la hacienda, se encontraba el “ranchito” de La Resolana, pues del otro lado, donde ahora es el mercado y centro de Casimiro Castillo, no había nada, “era llano” (José Gutiérrez Zamora, comunicación personal, julio 2016). Sin duda, algunos trabajaban directamente para la hacienda, otros como medieros y otros más se dedicaban al comercio y diversas faenas propias de los campos agrícolas.

Tras la proclamación de la Constitución en 1917 y el fin de la Revolución Mexicana de 1910, el gobierno federal a partir de los mandatarios Álvaro Obregón (1920-1924), Plutarco Elías Calles (1924-1928), del Maximato (1928-1934) y Lázaro Cárdenas (1934-1940)  impulsaron la Reforma Agraria en beneficio de la población campesina no propietaria de México. Frente a tal disyuntiva, desde el inicio de los años veinte, el futuro de las haciendas mexicanas era todo menos prometedor, pues con la puesta en práctica del artículo 27 dio inicio el reparto agrario en diversas latitudes del país.

En Jalisco, la costa jalisciense no fue la excepción, y tal como se estableció en la Ley Agraria, se dejó claro que el Estado cumpliría su promesa de repartir la tierra a los campesinos desposeídos. De esta manera, la Ley alcanzó a las haciendas de la costa de jalisciense, que poco a poco fueron perdieron la mayor parte de sus tierras para dar paso a la conformación de numerosos ejidos y nuevas comunidades. Solamente entre 1915 y 1942 se repartieron en la entidad “970 mil hectáreas en beneficio de 96, 493 ejidatarios” (El Informador, 1943, p. 3). A partir de los datos que nos ofrecen los Censos de 1930, 1940 y 1950 se observa que la desarticulación de las haciendas fue lenta y paulatina. Por ejemplo, el Censo de 1940 da cuenta que aun en dicho año Tecomatlán, Alcihuatl, Loma Delgada, El Zapotillo, Estancia de Amborín, Tequesquitlán, La Concepción y Macuaca o Lagunillas fueron categorizadas como haciendas, y solo Corral de Piedra se clasificó como rancho. En tanto, La Resolana y Ahuacapán, quizá dos de las más importantes y con mayor número de tierras, terminaron como congregaciones, pues fueron las primeras propiedades fraccionadas para la formación de ejidos.

Según Ernesto Medina Lima (2000), Casimiro Castillo Vigil, líder revolucionario de la región y posteriormente diputado por el distrito de Autlán, impulsó de manera decidida la Reforma Agraria en la costa jalisciense (p. 106) y coadyuvó en la articulación de los primeros ejidos de la región, entre ellos, precisamente, La Resolana, a partir de las tierras de la hacienda del mismo nombre. Esto benefició en primer lugar a los habitantes cercanos a la finca. Sin embargo, como parte de su activismo agrario, Casimiro Castillo fue herido en El Rebalse, localidad de Cihuatlán. A consecuencia de las heridas murió en la ciudad de Guadalajara en el mes de mayo de 1925 (El Informador, 1925, pp. 1, 5). Su muerte no detuvo la repartición de las tierras, pues los habitantes continuaron con los trámites ante las autoridades correspondientes para insistir con la dotación de parcelas para su bienestar.

En enero de 1925, se levantó un Padrón General de La Resolana, que arrojó como resultado que localidad contaba con 697 habitantes, es decir, casi trescientos más que en 1921 (Diario Oficial de la Federación [dof], 1926, no. 88). Tal incremento es probable que se encuentre vinculado con el hecho de que desde 1924 se iniciaron los trámites para conformar el ejido en cuestión, no solo por los pobladores nativos, sino también con originarios de Autlán, El Grullo y otras localidades, con la finalidad de obtener tierras ejidales.

Sin duda, frente al incremento de población, los vecinos de la localidad propusieron que La Resolana dejara de ser Agencia Municipal, petición que aceptó el gobernador jalisciense José Guadalupe Zuno Hernández (1924-1926), y apoyándose en sus facultades extraordinarias como Ejecutivo del Estado, decretó que la localidad se erigiera como Comisaría Municipal a partir del 25 de marzo de 1924. Al mismo tiempo se creó la oficina del Registro Civil. En lo sucesivo, los vecinos hicieron lo pertinente para que dicha orden fuera ratificada por el Congreso del Estado, al tiempo que iniciaron los trámites legales para que de manera oficial fueran dotados de tierras, tanto para fundo legal como de labor. Para tal efecto, el 2 de enero de 1925, se reunieron con la finalidad de nombrar un representante agrario que se ocupara de la gestión de las tierras para la comunidad. Resultó electo Anastasio Villaseñor, y tuvo como testigos a Macedonio Medina, Ubaldo Cisneros, Lucas Cisneros, Florencio Hernández, Fernando Camberos, entre otros; asimismo, con la finalidad de que sus peticiones fueran atendidas, el 8 de octubre de 1925 hicieron del conocimiento del Congreso del Estado las siguientes propuestas:

Que los habitantes de La Resolana, solo por el hecho de haber nacido y vivir dentro de un latifundio, no pueden estar excluidos de los beneficios de la Ley Agraria, pues el artículo 27 Constitucional ordena se dote de tierras […] a las tribus y demás corporaciones de población”.

Que la H. Comisión Nacional Agraria, en su circular No. 40, de fecha 6 de octubre de 1920, recomienda a los CC. Gobernadores de los Estados, gestionen que se erijan en pueblos, rancherías, etc., etc., los núcleos de trabajadores que vivan dentro de las haciendas.

Que por lo anteriormente expuesto y en atención, además, a la cantidad de habitantes de esta población, cuyo censo se adjunta, muy atenta y respetuosamente pedimos:

i. Que previa discusión y estudio del caso, se proceda a erigir (ratificar) a este lugar a la categoría de Comisaría Municipal.

ii. Que para distribuirlo en calles, plazas, habitaciones y demás servicios públicos en general, se dote a este lugar, del fundo legal correspondiente.

iii. Que se sirva indicar en cuál de las fracciones del artículo 1ro del Reglamento Agrario del 17 de abril de 1922, se encuentra nuestro lugar para el efecto de las leyes agrarias (dof, 1926, no. 88).

El documento fue acompañado del Padrón General de La Resolana de 1925, donde constaba que localidad tenía 697 habitantes, entre hombres, mujeres y niños, lo que a su parecer justificaba no solo la creación de la Comisaría Municipal, sino el ser beneficiados con un reparto agrario. Sin embargo, al no recibir pronta respuesta a sus peticiones, el 16 de febrero de 1926, los vecinos mandaron un escrito al Procurador de Pueblos del Estado de Jalisco, Esteban Soto Ruiz Jr., pidiéndole que intercediera por la comunidad, para que se ratificara el rango de Comisaría Municipal.

Probablemente, como parte de dicha intervención, el 14 de abril de 1926, se giraron tres oficios desde la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado: el primero fue dirigido al gobernador interino Clemente Sepúlveda Ponce. En él se señaló que los habitantes de La Resolana habían solicitado al Congreso que su comunidad fuera erigida en Comisaría Municipal, con la finalidad de acceder a los beneficios que les conceden las diversas Leyes Agrarias y también porque manifiestan tener una población que asciende a 697 entre hombres, mujeres y niños. En el segundo documento se solicitó al Contador Mayor de Hacienda que brindara todos los datos relativos sobre la petición hecha por los vecinos. El tercero se envió al presidente municipal de Purificación, solicitándole informara a la Comisión sobre la distancia existente entre la cabecera municipal de Purificación y La Resolana, así como las condiciones del camino, particularmente si es regular o sinuoso. Al mismo tiempo, se le pidió emitiera un juicio sobre si la Comisaría en cuestión “podría sostenerse con sus propios elementos” (dof, 1926, no. 88).

Una vez resueltas cada una de las solicitudes mencionadas, el 26 de mayo de 1926, el gobernador interino Clemente Sepúlveda Ponce informó a la Comisión de Gobernación, que, de su parte, autorizaba la erección de la Comisaría Municipal solicitada. De igual forma, la Contaduría Mayor de Hacienda no manifestó inconveniente para que la solicitud hecha por los vecinos del rancho “La Resolana” fuera aceptada.

Finalmente, se manifestó que la situación económica del municipio de Purificación, al que pertenece dicho rancho, no sufriría con ello menoscabo alguno, por lo que, el 28 de abril de 1926, el presidente municipal de Purificación contestó que desde el 25 de marzo de 1924 el gobernador José Guadalupe Zuno Hernández erigiría a La Resolana en Comisaría Municipal. Al mismo tiempo, se creó la Oficina del Registro Civil como parte del mismo decreto.

Así, una vez reunida y ponderada la información, el 26 de mayo de 1926, la Comisión de Gobernación ratificó el decreto expedido el 25 de marzo de 1924 por el gobernador José Guadalupe Zuno Hernández, mientras que la Cámara de Diputados, tras la discusión realizada el 31 de mayo de 1926, confirmó también el precepto en cuestión, con lo que turnó inmediatamente su resolución al Ejecutivo Estatal. Finalmente, el 5 de junio de 1926, el gobernador interino, Clemente Sepúlveda Ponce, confirmó la ratificación en el Decreto 2888; ordenó su publicación inmediata en el Periódico Oficial de Estado de Jalisco, y con ello, quedó erigida oficialmente la Comisaría Municipal con todas las de la Ley (dof, 1926, no. 88).

Si bien se resolvió el asunto de la Comisaría, aún quedaba por solucionar la petición de dotación ejidal; no obstante, hubo que esperar varios años más, pues la solicitud que los vecinos de La Resolana iniciaron el 1 de noviembre de 1924 debía ser revisada por las autoridades competentes a fin de cumplir con los procedimientos que la Ley establecía en materia agraria. Un primer paso se dio cuando Comisión Local Agraria procedió a la integración del expediente, mismo que se oficializó el 11 de octubre de 1927, y la petición fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Posteriormente, la misma Comisión levantó el censo agropecuario correspondiente, en el que encontró “120 individuos con derecho a dotación” (dof, 1933). Asimismo, dio paso para que los afectados apelaran en su favor.

En este sentido, Gil González y propietarias, las hermanas Emigdia y Joaquina, expresaron que 31 de los censados no deberían tener derecho a dotación, y el resto no podía ser beneficiado con tierras de La Resolana por ser una propiedad de “peones acasillados” (dof, 1933), por tener categoría política de Comisaría y por contar con plantaciones afectables en los terrenos susceptibles de ser dotados. Inclusive señalaron que se afectara un predio cercano a la localidad de Los Tecomates, propiedad de la misma hacienda, o en su caso, otros predios que se encontraban dentro de los siete kilómetros de la finca como la Ley estipulaba. Por lo tanto, eran susceptibles de ser afectados.

No obstante, tales argumentos fueron desestimados por la Comisión Nacional Agraria, que después de revisar el expediente en cuestión y cumplir con múltiples ordenamientos legales para que la dotación quedara dentro de los parámetros de la ley, determinó que las peticiones de los propietarios no eran procedentes, que se les respetarían los derechos que conforme a la Ley Agraria les correspondía y que se dotara a 100 vecinos de los 120 que originalmente habían sido censados, mismos que, una vez hechas las expropiaciones respectivas por parte del Gobierno Federal, recibieron 600 hectáreas, “400 Hs. de terrenos de riego, con parcela individual de 4Hs., además de 200 Hs. de monte alto y monte bajo, que se destinaran para usos comunales” (dof, 1933), no sin antes instarlos “a conservar, restaurar y propagar los bosques y arbolados que contengan la superficie dotada”, así como a acatar todas las disposiciones de la Ley Agraria en materia ejidal (dof, 1933). Fue así que después de casi una década de espera por parte de los habitantes de La Resolana, finalmente, el 15 de diciembre de 1933, de manera oficial y por resolución del ejecutivo Abelardo L. Rodríguez, se autorizó el primer ejido en el actual municipio de Casimiro Castillo, lo cual benefició a 100 ejidatarios y sus familias, a partir de las tierras de la hacienda La Resolana (dof, 1933).

Sin embargo, las tierras de la hacienda eran muy extensas; es decir, apenas se había repartido una mínima parte y la población había crecido a una década de distancia de la primera petición. Por lo tanto, en 1935, el ejido solicitó una ampliación de tierras a través de los cursos legales correspondientes. Para tal efecto, en un documento se informó que se habían anotado “777 habitantes, de los que 165 son jefes de familia y 251 tienen derecho a parcela; de estos últimos, 100 fueron beneficiados en la dotación definitiva [de 1933]” (dof, 1937b). Por lo tanto, solo 151 resultaron susceptibles de recibir tierras.

Fue precisamente la Comisión Agraria Mixta la que dio trámite a la petitoria; la publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 2 de noviembre de 1935. Punto seguido, la misma Comisión determinó que la petición era procedente. Se tornó al ejecutivo jalisciense, mismo que autorizó la ampliación el 10 de febrero de 1937 (dof, 1937b). En un último paso, el dictamen se puso a disposición del Departamento Agrario, que conforme a lo estipulado en el Código Agrario vigente y tras revisar el caso, tomó parecer al presidente de la República, mismo que, al no tener objeciones sobre el caso, el 17 de marzo de 1937, resolvió que la ampliación del ejido era procedente.

Finalmente, la petitoria fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 1937. Estipuló que se repartieran 2018 hectáreas entre 151 vecinos susceptibles de dotación: 104 de riego, 400 de temporal, 600 de monte alto laborable y 906 de agostadero, “para las necesidades individuales y colectivas […], más la extensión correspondiente a la escuela rural” (dof, 1937b), 8 hectáreas, mismas que deberían ser tomadas de la finca en cuestión, al tiempo que se les instaba a cumplir con todas las normas y leyes que en materia ejidal deberían acatar.

La disponibilidad de tierras susceptibles de ser repartidas impulsó la continua migración de jaliscienses a la región costera durante los años veinte, treinta y cuarenta del siglo pasado. Como se ha señalado, procedían de localidades cercanas a La Resolana, así como del municipio de Autlán, principalmente. Es el caso del padre de Julia Cisneros Pacheco, quien, en 1938, con su esposa y siete hijos, llegó a la localidad y recibió tierras ejidales en La Zopilota, mismas que tuvo que desmontar para poderlas trabajar, pues aún eran tierras no preparadas para labores agrícolas (Julia Cisneros Pacheco, comunicación personal, abril de 2008). También, Ciro Covarrubias Díaz, otro de los beneficiados con el reparto en el mismo periodo, recuerda que cuando se amplió el ejido, “era ley” que le dieran tierras a quienes las trabajaran (Ciro Covarrubias Díaz, comunicación personal, marzo de 2008).

Así como ellos, centenares de campesinos de la región tuvieron la posibilidad de contar con un pedazo de tierra donde ya no trabajarían como arrendatarios, medieros o simplemente peones al servicio de los hacendados o pequeños terratenientes; mejorarían las condiciones de la familia y en términos generales de la población del “ranchito” de La Resolana. En lo sucesivo, a partir de las tierras de la hacienda en cuestión, el ejido obtuvo al menos dos ampliaciones más; la primera fue autorizada el 19 de septiembre de 1961 por el titular del Ejecutivo, Adolfo López Mateos; la segunda fue autorizada por resolución del Tribunal Superior Agrario el 26 de mayo de 1994 y publicada en el Diario Oficial el 7 de abril de 1995 durante el gobierno de Ernesto Cedillo Ponce de León.

Los ejidos La Piedra y Barranca de la Naranjera

Conforme avanzaron las dotaciones, en vecindad con el ejido de La Resolana, se fueron gestando otros procesos de repartimiento en beneficio de otros colectivos que también se organizaron para obtener tierras a partir de la propiedad en cuestión. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, el 24 de enero de 1934 los vecinos de La Piedra tramitaron la solicitud para ser beneficiados con la dotación tierras de cultivo. La petición hecha al jefe del Ejecutivo surtió efecto, pues entre 1934 y 1937 se fueron dando los pasos legales para que dicha petitoria fuera finalmente resuelta en favor de los solicitantes. De acuerdo con el expediente, La Piedra contaba con 221 pobladores, de los cuales 58 eran cabezas de familia y, finalmente, 85 resultaron susceptibles de dotación (dof, 1937a).

Las tierras fueron tomadas de la hacienda en cuestión, propiedad de la familia Elórtegui, de donde se obtuvieron 946 hectáreas: “172 de humedad, 344 de temporal y 430 de agostadero cerril, para satisfacer las necesidades de 85 dotables, más la parcela escolar” (dof, 1937a). Asimismo, conforme a la Ley, se hicieron las advertencias en lo correspondiente a la parte cerril. Se estipuló que, “siendo de utilidad pública la conservación y propagación de los bosques y arbolados de todo el Territorio Nacional, debe apercibirse a la comunidad beneficiada con esta dotación, que queda obligada a conservar, restaurar y propagar los bosques y arbolados” (dof, 1937a), así como acatar las leyes en materia de explotación forestal, entre otros señalamientos. Por la parte afectada, se estipuló que, por motivo de la expropiación de su propiedad, realizaran los trámites pertinentes para ser indemnizados conforme a la Ley. Una vez que se cumplieron con los procedimientos correspondientes, el 5 de febrero de 1937, Lázaro Cárdenas, en su calidad de presidente de la República y máxima autoridad agraria, autorizó la dotación (dof, 1937a).

De igual forma, tal como quedó asentado en el dof el 24 de agosto de 1957, a partir de las tierras de la hacienda La Resolana, pero también de otros propietarios, se articuló el ejido Barranca de la Naranjera. En 1951, vecinos de la localidad iniciaron los trámites correspondientes con la finalidad de ser beneficiados con tierras de labor, agostadero o cerril; para fines de repartimiento, se anotaron 101 capacitados; sin embargo, conforme avanzaron los trámites y las investigaciones pertinentes, finalmente solo 40 lograron ser beneficiados. Además, como parte de las indagatorias correspondientes por parte de la autoridad competente, en 1954, la Comisión Agraria Mixta dictaminó que serían 7 230 las hectáreas susceptibles de ser repartidas.

Un nuevo dictamen de la misma Comisión, con la anuencia del ejecutivo jalisciense, determinó que, con la finalidad beneficiar al mayor número de enlistados, así como asegurar el terreno para la escuela del ejido, se repartieran 8 022-78-85 hectáreas (dof, 1957). No obstante, es importante destacar que, a diferencia de las tierras que recibieron la mayoría de los ejidatarios de La Resolana, en esta ocasión, más del 90 % eran de agostadero cerril, no aptas necesariamente para la agricultura, sino para la producción de pastos para la crianza de ganado o la obtención de madera. Del total de hectáreas dotables, 3 494 correspondieron a la finca en cuestión; el resto se obtuvo de otras propiedades colindantes. Quedó finalmente integrado el ejido Barranca de la Naranjera (dof, 1957).

Como se puede observar, cuatro décadas después de iniciado el reparto agrario, la mayor parte del latifundio de La Resolana estaba casi desarticulado. Donde antes una sola familia detentaba la propiedad y el usufructo de un territorio tan vasto, centenares de familias encontraron un medio más idóneo para obtener lo humanamente necesario para sobrevivir. Los hacendados, que en 1921 tenían bajo control la mayor parte de las tierras productivas del valle, así como una porción importante de tierras serranas óptimas para la cría de ganado y la obtención de madera, ya no eran los únicos dueños.

Conforme se fueron dando las dotaciones ejidales, la población siguió creciendo de manera significativa, lo que, sin duda, coadyuvó e impulsó cambios importantes en materia administrativa en La Resolana. El 5 de noviembre de 1938 el Ayuntamiento de Purificación tomó la resolución de elevar la localidad de categoría: de Comisaria Municipal a Delegación Municipal. Una vez autorizada, la sede de la nueva Delegación Municipal se instaló en la Casa Ejidal, localizada en el antiguo centro de la población, pues no contaban con edificios propios.

De 1939 a 1943, ocuparon el cargo de delegado Anastasio Cisneros (1940), Aurelio Silva (1941-1942), Dionisio Gómez (1943) e Hilario Rosales (1943). Una vez alcanzado dicho rango, en 1941, los ejidatarios presentaron, de acuerdo a la Ley, una solicitud de fundo legal (El Informador, 1941, p. 2), para que, a partir de terrenos propiedad de la familia Elórtegui, se pudiera ampliar la zona habitacional e impulsar la construcción de más viviendas y, por ende, el crecimiento poblacional. Dicha petición se hizo efectiva cuando Marcelino García Barragán (1943-1947), en su calidad de gobernador del Estado, impulsó de manera decidida la integración del municipio de Casimiro Castillo, lo cual concretó en 1943.

Asimismo, Pantaleón Zamora (1945-1946), presidente municipal del naciente municipio, mandó que, una vez reservados los terrenos para las oficinas públicas, escuelas, hospitales, mercado, plaza, parques y jardines, el resto se enajenara, con la finalidad de que fuera repartido de tal forma que el 30 % se lotificara para el comercio, un porcentaje igual, se dedicara para casas habitación y el 40 % restante se sorteara. De igual manera, dio la indicación para que el primer 30 % se vendiera al 75 % de valor que fijaran los peritos, particularmente a personas de bienes inmuebles. En caso de que se construyera en un plazo no mayor de diez meses después de haber obtenido el lote, solo se cobraría el 50 % de valor.

Los terrenos fueron obtenidos como parte de la expropiación por utilidad pública, de 32-35-00 hectáreas pertenecientes a La Resolana, propiedad rústica de la señora Aurora González y condueños (Diario Oficial del Estado de Jalisco, 1945, no. 27). María del Carmen Guijarro, quien vivió durante la época en que se amplió la localidad y se trazó el nuevo centro de población, describe que, antes de que se fraccionaran los terrenos donde hoy se asienta la mayor parte de la población, se encontraban unos “habillales” (María del Carmen Guijarro, comunicación personal, marzo de 2008), pues el terreno no había sido desmontado, por lo que los nuevos pobladores, muchos de ellos ejidatarios, se encargaron de tal labor para así poder edificar sus casas.

Tabla 1. Población de La Resolana según los Censos de 1900, 1910, 1921, 1930, 1940.

Localidad	Censo 1900	Censo 1910	Censo 1921	Censo 1930	Censo 1940
La Resolana	369	746	363	435	1261 C

Elaboración propia con base en sfci & dge, 1905; 1914; 1936; 1943; inegi, 1928.

Conforme avanzaron las dotaciones ejidales y la venta de tierras en pequeña propiedad, diversas voces clamaron por una mayor seguridad en cuanto a su tenencia, pues frente a la euforia que ocasionó la repartición o compra de tierras, en ocasiones los nuevos linderos daban lugar a inconformidades, incluso entre los propios ejidatarios. Por tal motivo, con la finalidad de que se cumpliera con las metas de una colonización ordenada, se realizaron gestiones tanto a nivel estatal como nacional, con el objetivo de deslindar y ordenar el territorio, pues era necesario que, antes de continuar conformando ejidos, se entregaran los certificados de inafectabilidad a aquellos pequeños propietarios cuyas tierras no eran susceptibles de ser repartidas, además de disponer de los datos oportunos de los terrenos que serían dispuestos para la colonización o la articulación de nuevos ejidos. Con dicho propósito, en marzo de 1945, desde la Secretaría de Agricultura y Fomento, se proyectó el envío de un grupo de ingenieros a Casimiro Castillo, para que ayudaran a los pequeños propietarios y ejidatarios en el deslinde de sus tierras (El Informador, 1945, p. 10), proceso que poco a poco consolidó la propiedad de la tierra. Así, se evitaron posibles altercados entre ejidatarios y pequeños propietarios.

Conclusiones

El fin del latifundio de La Resolana no fue un hecho fortuito, sino el resultado de una conflagración revolucionaria que se propuso como meta deconstruir el régimen porfirista, pues, aunque en términos generales coadyuvó en la modernización del país, la mayoría de los campesinos desposeídos vivían en condiciones de pobreza, ya que, en su calidad de peones, arrendatarios o medieros, solo sobrevivían en torno a las haciendas, propietarias de la mayor parte de la tierra en México.

Fue precisamente Casimiro Castillo Vigil, líder revolucionario y diputado en la costa sur de Jalisco, quien impulsó decididamente el reparto de tierras de los latifundios costeros, en beneficio de los campesinos de la región. En 1924, los pobladores de La Resolana, localidad de Purificación, iniciaron los trámites correspondientes para ser dotados con tierras de cultivo. Sin duda, no fue un proceso fácil, pues tuvieron que pasar nueve años de trámites y procesos legales, incluso enfrentar los embates de los propietarios de la hacienda, que se resistieron a perder su propiedad. Para ello, apelaron a todo recurso legal disponible en las leyes mexicanas.

La unión de los vecinos y el apoyo de los gobernantes en turno, obligados al cumplimiento de la ley en materia agraria, dio sus frutos, y en 1933, se oficializó la primera dotación a partir de las tierras de la hacienda La Resolana, con 600 hectáreas que beneficiaron cien familias. Sin duda, fue un hecho histórico en la región, pues los campesinos, antes desposeídos y a expensas de los hacendados, únicos dueños de la tierra, finalmente, contaban con un pedazo de tierra para vivir. Frente al crecimiento poblacional, tanto de familias nativas como de lugares cercanos, fue necesario realizar una primera ampliación, por lo que, después de los trámites correspondientes iniciados en 1935, en 1937 se autorizó que se repartieran 2 018 hectáreas, entre tierras de riego, temporal y monte; se benefició, en esta ocasión, a 151 vecinos de la localidad.

En lo sucesivo, fue necesario otorgar más repartimientos de tierras a los campesinos con capacidad de dotación. Entonces, se articularon nuevos ejidos, entre los que destacan, La Piedra y Barranca de la Naranjera. El primero, tras un proceso de casi tres años, entre 1934 y 1937, se articuló con 946 hectáreas, entre humedad, temporal y agostadero cerril, y benefició a 85 vecinos y sus familias. El segundo conllevó un poco más de tiempo, pues entre 1951 y 1957 se realizaron los trámites correspondientes, logrando obtener una dotación de 8 022 hectáreas, mismas que fueron repartidas a 40 pobladores; sin embargo, la mayor parte de las tierras fueron de agostadero cerril. Así, cuatro décadas después de iniciado el reparto agrario, el latifundio de La Resolana perdió la mayor parte de sus tierras, hecho que benefició a centenares de campesinos y sus familias, lo que coadyuvó no solo en la economía de la región, pues en términos generales impulsaron la productividad de Jalisco y la nación en materia agropecuaria.

Evidentemente, la conformación de los ejidos La Resolana, La Piedra y Barranca de la Naranjera, en el actual municipio de Casimiro Castillo, fueron el resultado de la suma de esfuerzos entre líderes agrarios o ejidales, campesinos desposeídos y autoridades estatales y federales, pues los trámites legales exigían todo un proceso burocrático que al principio podía tomar una década o probablemente más, desde la petición hasta obtener la dotación definitiva por parte del ejecutivo federal.

Cabe destacar que, conforme se fueron gestando los repartimientos, la localidad fue tomando cada día mayor importancia, y en 1938, dejó de ser Comisaría, para convertirse en Delegación Municipal, aunque el proceso no se detuvo ahí, pues en 1943, con la anuencia de los vecinos y la decisión de Marcelino García Barragán, gobernador en turno, se articuló el municipio de Casimiro Castillo, sin duda, como parte de las gestiones de los ejidatarios, que poco a poco consolidaron un grupo de poder relevante en la localidad. Finalmente, es importante señalar que los ejidos descritos en el presente artículo no son todos los que se articularon a partir de las tierras del latifundio en cuestión; es decir, aún queda mucho por investigar y dar cuenta sobre el tema que aquí se propuso, sobre todo profundizar en los conflictos que se suscitaron a partir de la conformación de los ejidos en la región costa sur jalisciense.

Referencias

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Brambila, C. (1962). El nuevo obispado de Autlán. Imprimatur.

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Diario Oficial del Estado de Jalisco. (1945, 15 de noviembre). Decreto 5085. Se autoriza al Ayuntamiento de Casimiro Castillo para que enajene un terreno sobrante de su propiedad.

Diario Oficial de la Federación. (1926). Decreto 2888 de 1926.

— (1933, 27 de diciembre). Resolución s/n de 1933. Dotación de ejidos al poblado de La Resolana.

— (1937a, 26 de marzo). Resolución s/n de 1937. Dotación de ejidos al poblado La Piedra del Estado de Jalisco.

— (1937b, 3 de junio). Resolución s/n de 1937. Ampliación de ejidos al poblado de La Resolana, Estado de Jalisco.

— (1957, 24 de agosto).

Dirección General de Estadística. (1905). Censo 1900. Jalisco. División Territorial de la República Mexicana. Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fomento y Colonización

El Informador. (1925, 13 de mayo). Falleció ayer a las 11:35 h. el diputado C. Castillo.

— (1941, 1 de agosto). Notificación.

— (1943, 12 de febrero). El problema agrario en Jalisco.

— (1946, 9 de noviembre). Carta abierta.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (1928). Censo general de habitantes: 30 de noviembre de 1921. Estado de Jalisco. Estados Unidos Mexicanos. Talleres Gráficos de la Nación.

Medina Lima, E. (2000). Crónicas de Autlán de la Grana, Jalisco. Universidad de Guadalajara.

Secretaría de Fomento, Colonización e Industria & Dirección General de Estadística (1905). División Territorial de la República Mexicana. Formada con los datos del Censo verificado el 28 de octubre de 1900. Estado de Jalisco. Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fomento.

— (1914). División Territorial de los Estados Unidos Mexicanos. Formada por la Dirección General de Estadística a cargo del ingeniero Salvador Echagaray. Estado de Jalisco. Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Industria y Comercio.

Secretaría de la Economía Nacional & Dirección General de Estadística. (1936). V Censo de Población del Estado de Jalisco, 1930.

— (1943). VI Censo de Población del Estado de Jalisco, 1940.

Cómo citar este texto

Díaz Ruiz, J. (2022). El fin del latifundio La Resolana. Breve historia sobre la llegada del ejido a las tierras de una hacienda en la costa jalisciense. Punto Cunorte, 8(15), 99-121.

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