La depredación de los recursos y de los territorios indígenas de América Latina

The predation of natural resources and of indigenous territories in Latin America

Uriel Nuño Gutiérrez1•

¡Y llegará el día en que tengamos que comprar el aire y la luz de las estrellas!

Resumen

El presente trabajo expone un análisis y descripción de los argumentos expuestos sobre la emergencia ambiental y social por la depredación de los recursos y los territorios de México y de América latina

Palabras clave: depredación, territorios, indígenas.

Abstract

The present work exposes an analysis and description of the arguments exposed on the environmental and social emergency, due to the depredation of the resources and the territories of Mexico and Latin America.

Keywords: predation, territories, natives.

Descripción de la situación

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en América Latina existen actualmente 522 pueblos indígenas que van desde el norte de México hasta la Patagonia, pasando por distintas áreas geográficas como Chaco Ampliado, Amazonía, Orinoquia, Andes, Llanura Costera del Pacífico, Caribe Continental y Centroamérica (Cuántos pueblos indígenas hay en América Latina, 2018).

Por otra parte, el Banco Mundial señala que los pueblos indígenas representan el 8 % de la población de América Latina, pero también constituyen aproximadamente el 14 % de los pobres y el 17 % de los extremadamente pobres de la región (Banco Mundial, 2016).

En cuanto a las cifras regionales, la misma institución nos dice que, por países, Brasil es el que tiene más diversidad de pueblos indígenas, con 241, que representan una población de 734 127 personas. Colombia, con 83 agrupaciones y 1 392 623 habitantes, es el segundo país con más cantidad, seguido por México con 67 grupos y 9 504 184 personas (el más numeroso del continente), y en cuarta posición está Perú con 43 pueblos y 3 919 314 individuos.

En el otro extremo están El Salvador con tan solo tres pueblos indígenas (١٣ 310 personas), Belice con 4 (38 562 habitantes) y Surinam con 5 (6 601 individuos). En el caso del Caribe insular, como Antigua y Barbuda y Santa Lucía, hay pocos datos sobre la supervivencia de pueblos nativos.

México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia reúnen al 87 % de la población indígena de América Latina y el Caribe. El restante 13 % reside en 20 países distintos. De esos pueblos, podemos destacar cinco pueblos con varios millones de personas, que son los nahuas, el quechua, aymara, maya yucateco y ki’che, y seis con poblaciones de entre medio y un millón de habitantes, como los mapuche, maya q’eqchí, kaqchikel, mam, mixteco y otomí (Banco Mundial, 2017).

Como podemos ver, a pesar de tener toda esta vasta diversidad y riqueza étnica y cultural y a pesar de los múltiples esfuerzos de las comunidades indígenas de América y de las recomendaciones emitidas por la distinguida luchadora social filipina la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, (Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas), por defender su territorio y todas las riquezas de su ecosistema, poco ha importado a los grandes inversionistas privados tales acciones, ya que cobijados en un halo de corrupción desmedida por funcionarios gubernamentales, continúan depredando los recursos naturales de esas comunidades, con lo que provocaron graves afectaciones a nuestro planeta. De manera categórica se señaló que

[l]a preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas debe ser un tema prioritario que requiere una debida reglamentación, conforme al derecho internacional. Este es un asunto crítico fundamental que se encuentra en la raíz de muchos de los problemas de derechos humanos (Organización de las Naciones Unidas – Consejo de Derechos Humanos [onu-dh], 2018).

De poco ha servido que, a escala internacional, bajo el auspicio de la onu, se hayan establecido diversos tratados y convenciones internacionales que han intentado procurar la protección de los derechos fundamentales de esas comunidades.

En su informe la Relatora Especial hace referencia a esa gran lista de documentos en que se sustenta el interés por proteger los derechos humanos de las poblaciones indígenas de México y de otras regiones del mundo, los cuales más que ser un imperativo para las naciones que los ha reconocido y firmado, son una evidencia de un voluntarismo que queda en un ámbito contemplativo que desafortunadamente no incide de manera categórica en la preservación de tales derechos.

Así, ella nos destaca que tales documentos forman parte de lo que denomina como el marco jurídico e institucional, en el cual se dice lo siguiente:

8. El artículo 2 de la Constitución establece que [l] a Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

9. El artículo 27 de la Constitución y las leyes agrarias reconocen distintas formas de tenencia de la tierra para campesinos, tales como las tierras agrarias de uso colectivo, conocidas como ejidos.

10. Los pueblos indígenas continúan reclamando que se les reconozca en la Constitución como sujetos de derecho público y no como entidades de interés público.

11. En 2013, se adoptó una reforma constitucional en materia energética y varias leyes para su implementación que prevén, sin reconocimiento de la normativa sobre los derechos de los pueblos indígenas, la posibilidad de otorgar contratos a empresas privadas en materia de hidrocarburos y que facilita la explotación de recursos naturales, muchos de los cuales se encuentran dentro de los territorios de los pueblos indígenas.

12. La reforma en 2014 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación amplió la definición de discriminación y estableció medidas de reparación adicionales.

13. México ha dado pasos importantes para incorporar el derecho internacional de los derechos humanos mediante la reforma del artículo 1 de la Constitución en 2011. Según esta reforma, las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por México son directamente aplicables en todos los niveles de la estructura federal y se deben respetar y garantizar en las legislaciones, políticas públicas y sentencias judiciales. Estas obligaciones incluyen los tratados internacionales de derechos humanos, en los cuales México es parte el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), de la Organización Internacional del Trabajo (oit), ratificado por México en 1990; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por México en 1975; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por México en 1981, y su interpretación mediante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012).

14. México tuvo un papel protagónico en la elaboración de la Declaración y en su adopción en 2007 por la Asamblea General. Asimismo, durante la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas de 2014, el presidente de México reafirmó el compromiso de su país con la implementación de la Declaración. Sin embargo, representantes indígenas expresaron que no hay una aplicación coherente de la reciente reforma constitucional y de estos compromisos internacionales.

15. La institución encargada a nivel nacional de la coordinación, promoción, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi). Existen también otras instituciones que desempeñan un papel en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas.

16. A nivel de los estados, el reconocimiento legal de los derechos indígenas se ha dado en distintos grados. Según lo informado, las constituciones de 28 de los 32 estados reconocen expresamente derechos de los pueblos indígenas, y 26 de ellos emitieron leyes reglamentarias en esta materia. En febrero de 2017, la Ciudad de México adoptó una Constitución, que reconoce los derechos de los ‘pueblos y barrios originarios’ y ‘comunidades indígenas residentes’ de la ciudad (onu-dh, 2018).

También podríamos mencionar por su especificidad con los pueblos originarios, las declaraciones por parte de la onu de los dos decenios de los Pueblos Indígenas: la primera que duró de 1994-2004 y la segunda que inició en 2004 y concluyó en diciembre de 2015. Poco le han abonado a la resolución de los múltiples problemas que les aquejan desde hace ya muchísimos años.

Ante tal avasallamiento, a pesar de una legislación virtual, tampoco han valido las voces de prestigiados investigadores, que desde una perspectiva bioeticista, fortalecida con otras visiones desde la sociología, antropología, economía, demografía, filosofía y demás ciencias afines, han venido señalando en múltiples foros académicos y políticos las afectaciones que, de manera acelerada, están cambiando la fisonomía y biodiversidad de muchas regiones, así como a las comunidades que en ellas existen.

Lo que más llama la atención es que, de manera increíble, a pesar de existir una gran legislación como la antes mencionada, se ha generado una política de criminalización de las luchas de campesinos e indígenas que están haciendo hasta lo indecible para defender su derecho histórico sobre la propiedad de sus tierras que inmisericordemente se las han estado quitando, empobreciéndolos todavía más de lo que están en estos momentos, debido a tales despojos. Aunado a ello, se han incrementado notablemente los procesos de migración hacia las grandes ciudades que, para infortunio de ellos, continúan la pauperización de su vida.

La situación mexicana

Si revisamos de manera particular la problemática que aqueja a estos pueblos de México, podremos comprobar que a lo largo de su historia han sido sujetos a conquista y a la explotación en todas las áreas de la convivencia social. Han pasado más de cinco siglos y el proceso depredatorio contra ellos no se termina. A mediados del siglo xix, comenzó el ataque a sus derechos al expropiarles sus tierras por parte del Estado para otorgárselas a particulares en aras del “progreso”. Aunado a esta estrategia, en los tiempos de la implementación de la modernidad porfiriana, grandes superficies de territorios indígenas fueron repartidos entre la burguesía de aquel entonces con lo que se propiciaron las luchas de estos pueblos por la recuperación de estos. Al mismo tiempo se amplió y profundizó el desarraigo de comunidades como la yaqui y la maya, a las cuales se les desterritorializó en aras de una intención etnocida que, gracias a la resistencia de ambos, no se logró concretar.

Ni la Revolución ni la aprobación del texto constitucional de 1917 auguraron mejoras en la situación precaria de las comunidades campesinas e indígenas de la nación. Si bien la Constitución decretó en su artículo 27 la instauración de una política de resarcimiento a dichas comunidades, además de la implementación del ejido como figura central para garantizar dicha estrategia, poco se avanzó en la resolución definitiva de sus problemas en materia del reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena.

A pesar de la política cardenista que repartió tierras a los campesinos del país, no se logró de manera efectiva atender las particularidades de las necesidades de los pueblos indígenas. Estos siguieron siendo afectados por la constante invasión de sus tierras ante la mirada impasible de la burocracia gubernamental que no intentó frenar ese despojo.

En la década de los setenta, a partir de la política populista del presidente Luis Echeverría Álvarez se implementaron varios proyectos para el “desarrollo de los pueblos indígenas del país”, de los cuales podemos destacar los recursos invertidos en él. Fue conocida como la “Operación huicot”, amparada en el Plan Lerma-Santiago. Con dicho plan se pensó llevar la modernidad y el desarrollo a las comunidades wixaritari, coras, y tepehuanas (de ahí el acrónimo), además de a las comunidades más pequeñas, como los tepecanos y los mexicaneros, nahuas o mexicanos, todas asentadas en la Sierra Madre Occidental, que abarca los estados de Durango, Jalisco, Nayarit y el sur de Zacatecas. Estas se verían beneficiadas por la construcción de carreteras, la introducción de energía eléctrica, educación, centros de salud, infraestructura de servicios y, por último, la inversión de capitales para la explotación del recurso forestal, que, habría que destacarlo, era el principal motivo de tal interés “modernizador”.

Dicho plan fue un rotundo fracaso, dado que, a pesar del voluntarismo gubernamental, nunca se consideraron las opiniones de esas comunidades y se intentaron explotar irracionalmente los bosques de esa serranía. Hoy en día quedan algunas evidencias de tal despropósito. También, como parte de esa terrible experiencia, no podemos dejar de destacar la absurda intención de la introducción de la ganadería extensiva, que además de estar fuera del alcance económico de ellos, sirvió de cuña para que los ganaderos mestizos extendieran sus propiedades a costa de la tierra de esas comunidades, lo cual generó conflictos políticos y económicos que no se han podido resolver hasta la fecha. Después de esas coyunturas políticas, no se verían de manera significativa otros episodios de intervención gubernamental, ya que los presidentes posteriores mostraron poca preocupación sobre ese tema, hasta la irrupción del levantamiento zapatista en enero de 1994.

Sobra decir que las políticas hacia los pueblos indígenas implementadas por los regímenes panistas de Fox y Calderón, además de mostrar su ignorancia supina sobre esos pueblos, cometieron la abyecta idea de crear las condiciones para la intervención de capitales extranjeros para desarrollar proyectos productivos en “beneficio” de la nación (el Plan Puebla Panamá es un ejemplo). De manera particular, el programa de apoyo Foxista para las comunidades indígenas llamado Piso Fijo resultó un rotundo fracaso al tratar de poner pisos de cemento en las casas de esas comunidades sin tomar en cuenta las especificidades de su hábitat y la exigencia de resolución de otras necesidades primordiales para ellas. ¡El colmo de su estulticia fue la bravuconada de querer resolver el conflicto chiapaneco en aquellos famosos 15 minutos!

En lo que respecta a Calderón y posteriormente el presidente Peña Nieto, terminaron en una guerra absurda contra los narcotraficantes del país, que hasta el momento sigue ensangrentando nuestro territorio con miles y miles de muertos por doquier. La resolución de los problemas de los pueblos indígenas sigue enmarañada en la burocracia institucional, que no ha sabido cómo atender esos problemas pese a involucrar a un sinfín de instituciones y organismos que solo han mediatizado el tema y ni siquiera han atendido las resoluciones de las Comisiones Estatales, Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos, que cabe destacar, han quedado como los “convidados de piedra”, sin tener un peso político para operar a favor de los indígenas.

Con todo lo anteriormente expuesto, pareciera que existe una desmemoria institucional, ya que, a pesar de la firma y reconocimiento de los tratados antes mencionados, que aseguran los derechos de los pueblos indígenas, continúa la cerrazón para ponerlos en práctica, y siguen siendo letra muerta, ya que son violados sistemáticamente, y su falta de implementación, sigue avalando las múltiples agresiones que se comenten contra ellos.

Ni siquiera el levantamiento zapatista ni la propuesta de los Acuerdos de San Andrés, ni siquiera la presión internacional han logrado que los diversos gobiernos en turno se comprometan a cambiar la situación de desventaja histórica en que se encuentran los pueblos originarios.

En el anterior informe citado, la Relatora Especial de la onu, en concordancia con lo antes expuesto, señaló de manera muy amplia y crítica que

[e]l régimen agrario de ejidos, tierras comunitarias y propiedad privada, así como las autoridades e instituciones agrarias que establece, no responde a las necesidades de los pueblos indígenas y no se ajusta a las actuales obligaciones internacionales de México, que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos naturales que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido. Los casos recibidos indican que los procedimientos disponibles para el reconocimiento de derechos territoriales no son sencillos ni accesibles y pueden implicar largos procesos legales. El reconocimiento efectivo también se ve obstaculizado cuando se presentan conflictos limítrofes con otras comunidades o propietarios privados y cuando autoridades agrarias y estatales o terceros promueven actividades de explotación de recursos naturales en territorios indígenas. Asimismo, se obtienen resultados limitados, ya que las tierras otorgadas a pueblos indígenas generalmente no corresponden a sus conceptos de territorio y desconocen sus límites territoriales tradicionales. Además de dificultades en el acceso a la justicia agraria, preocupa la larga duración de los procesos ante ella. La demora en muchos casos agrarios ha sido fuente de conflictos intra e intercomunitarios. Otro problema fundamental es que las autoridades ejidales y agrarias, producto de la Ley Agraria, no necesariamente coinciden con las autoridades representativas de las comunidades indígenas y, en muchos casos, entran en conflicto con ellas. Esto provoca incertidumbre y conflictos cuando agentes del Estado supuestamente consultan a las autoridades ejidales para la aprobación de medidas o actividades que afectan tierras indígenas en los ejidos (onu-dh, 2018).

Todo lo señalado por la Sra. Tauli-Corpuz, ha sido la constante en la vida e historia de las comunidades indígenas de México, las cuales gracias a su resistencia y tenacidad han logrado sobrellevar el peso de la injusticia a la que han sido sometidos.

Ahora bien, si revisamos el problema en el ámbito que corresponde a sus derechos fundamentales, desde la perspectiva bioética, la cual nos habla de la necesidad y el compromiso de la preservación de la vida humana y natural, podremos verificar cómo, a pesar de los postulados de esta disciplina y de sus exigencias por mantener de manera responsable la relación hombre-naturaleza, existe una incapacidad de los gobiernos para hacer valer esos principios.

Resulta inaudito que en nuestro país se estén generando tales niveles de explotación y destrucción de la riqueza natural, que continúan poniendo en riesgo la vida de la población en general y de las comunidades indígenas de manera particular.

Los hacinamientos y pobreza extrema en las grandes ciudades nos muestran el total desequilibrio e irracionalidad de las políticas públicas en lo que concierne a la preservación del medio ambiente y a la exigencia de una vida digna para todos. En el ámbito rural, en las regiones indígenas del país, vemos que desde hace ya muchas décadas sus recursos naturales han sido explotados constantemente con la condescendencia de los diversos gobiernos.

Como es de todos sabidos, dichos pueblos poseen grandes territorios, donde se asienta una riqueza monumental en lo que concierne a la biodiversidad natural y cultural de la nación. Los bosques de la Sierra Tarahumara, los de la serranía de la Sierra Madre Occidental, los de la Sierra Madre Oriental y la Selva Lacandona, que se ubica en el Sureste mexicano ―por mencionar los más importantes―, se han convertido en un botín para las grandes empresas trasnacionales. Estas desde hace ya muchísimos años las han venido explotando y han generado con ello innumerables conflictos con las comunidades indígenas, dueñas de esa riqueza. Aunado a ello, el narcotráfico las ha penetrado, buscando utilizarlas para sus plantíos de enervantes y sus operaciones clandestinas y, en muchas ocasiones, obligándolos a servir para ellos so pena de ser desalojados con violencia o ser asesinados si no cooperan.

Por su parte, las empresas madereras no han dejado de depredar vastas zonas boscosas, y ninguna autoridad ha sido capaz de parar ese ecocidio. Esto ha llevado a que en la comunidad purépecha de Cherán, en el estado de Michoacán, se establezcan formas autogestivas para enfrentar a los talamontes y al narco, obligando con ello al Estado a considerar más apoyos y vigilancia para mantener la paz en esa comunidad.

Indudablemente, la experiencia construida en las comunidades zapatistas de Chiapas cobra gran relevancia por los logros obtenidos y por el nuevo esquema de organización autonómica. Además de fortalecer su orden comunitario, han desarrollado proyectos de preservación de todas las formas del ecosistema de la selva y montaña lacandona y de la vida misma. Esto ha permitido que los pueblos tzeltales, tzotziles y otros más estén mejorando su vida y economía, por lo que ya no se encuentran en la pobreza extrema que las había caracterizado durante siglos.

Además de lo anterior, no podemos dejar pasar por alto el grave deterioro ambiental producido por las empresas mineras extrajeras, que tiene miles de concesiones otorgadas por los diversos regímenes gubernamentales. En particular, podemos señalar a las empresas canadienses, que son las que han sido mayoritariamente beneficiadas y las que más daño han causado a los ecosistemas en donde realizan sus exploraciones. No podemos dejar pasar el caso de la empresa

First Majestic Silver Corp., que cuenta en total con 35 concesiones en la reserva estatal de Wirikuta, otorgadas ―dijo Ferrari― entre 1982 y 2009 en estricto cumplimiento de la normatividad establecida en la Ley Minera. De esas ٣٥ concesiones, 22 se encuentran en el área natural protegida de Wirikuta en el estado de San Luis Potosí. Actualmente, en México 7 proyectos mineros están en espera de que se apruebe la licitación para trabajar este 2015, los cuales se encuentran en el norte del país, como Chihuahua, Sonora, Baja California y Jalisco (Enciso, 2012, p. 40).

Como se podrá ver, es precisamente en esos estados en que habitan diversos pueblos indígenas en donde pretenden continuar con la explotación de los recursos mineros, sin que dichas comunidades sean consultadas ni escuchadas; por tanto, tienen que sufrir las consecuencias de la contaminación ambiental y la depredación de sus tierras.

Según el histórico de la Dirección General de Minas (dgm) de la Secretaría de Economía (se), se pudo constatar lo siguiente:

En 2013, el Gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó más de 159 mil 816 hectáreas de títulos de concesión minera a particulares, quienes los regalaron o vendieron a grandes empresas de Canadá, Estados Unidos y México. First Majestic del Toro, Coeur Mexicana, GI Canoas, Consorcio Industrial Internacional grp, Gold and Gemstone Mining de México y Sierra Madre Mine Development se hicieron de minas en Coahuila, Zacatecas, Baja California, Chihuahua y Nuevo León con este formato de triangulación que les evitó el pago de los derechos de exploración y explotación al estado mexicano (Flores, 2019).

Se trata del año [2013] en que se tiene el mayor registro de concesiones del sexenio que recién expiró: mil 52 de las 3 mil 190 que se dieron. [Los datos están disponibles hasta septiembre de 2017.] Hacen aquí todo lo que no pueden hacer en su nación: tienen impuestos ridículamente bajos, contaminan y envenenan las tierras donde medran, pagan salarios miserables, se burlan de las leyes laborales y a base de corrupción despojan a campesinos y a pueblos indígenas. Son las mineras canadienses, a las cuales sucesivos gobiernos mexicanos han otorgado concesiones que ya abarcan casi la mitad del territorio nacional (del Oro, 2019).

Estos grandes beneficios y la intensión de explotar los recursos minerales de diversas regiones de nuestro país por parte de estas empresas trasnacionales, obedece principalmente a que

México es el primer productor de plata del mundo, tercero en bismuto, quinto en plomo, noveno en oro y undécimo en cobre, por lo que la inversión extranjera en el sector minero ha crecido vertiginosamente en los últimos 12 años. Según el documento, del total de mineras que operan en México, 70 % son extranjeras. De estas, 74 % tienen participación canadiense y 15 %, estadunidense. Con base en un estudio realizado en 2012 por el Instituto Fraser de Canadá acerca de los países con potencial minero, el texto de la cdpim destaca que México aparece en quinto lugar debajo de Estados Unidos, Chile, Canadá y Burkina Faso (Rodríguez García, 2013).

Considerando este potencial envidiable de nuestro país, no es gratuito que muchas empresas mineras traten de establecerse aquí. Gracias a la tremenda corrupción que impera en las autoridades de los distintos gobiernos que hemos tenido, se han regocijado por las grandes facilidades obtenidas para invertir sus capitales sin importarles la grave contaminación que producen y la afectación de los territorios de muchas comunidades indígenas que siguen luchando por su territorio, a pesar de las complicidades perversas entre empresarios y los gobiernos.

No ha sido gratuito que el gobierno de López Obrador haya desplegado una gran cantidad de guardias civiles por todo el territorio nacional y, de manera particular, en aquellas zonas donde residen grandes núcleos de población indígena, tal como lo ha expresado Luis Ramírez Bucio, quien destacó que

en Chiapas se encuentran 11 958 elementos repartidos en cuatro coordinaciones; en Guerrero, 10 732 elementos en siete coordinaciones; en Oaxaca, 10, 445 elementos repartidos en nueve coordinaciones, y en Veracruz, 1313, 702 elementos en ocho coordinaciones. En la península de Yucatán se desplegaron 27, 0532 efectivos (López, 2019).

Así pues, resulta patética la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual de manera tardía expresó que

[s]u gobierno no entregará más concesiones a empresas mineras, y pidió a dichas empresas invertir y cuidar el medio ambiente, así como contemplar incrementos en los sueldos de los trabajadores. Recordó que durante las más de tres décadas de lo que llama periodo neoliberal se concesionaron 80 millones de hectáreas a las mineras, entre ellas las canadienses, de los 200 millones de hectáreas que integran el territorio nacional, lo que representa el 40 por ciento (del Oro, 2019).

Muy a pesar del voluntarismo y doble discurso de este presidente, las afectaciones y los daños cometidos por dichas empresas ya están hechos y el caso de la compañía minera denominada Grupo México, propiedad del magnate Germán Larrea, resulta sumamente relevante, ya que, junto con las empresas extranjeras, esta se ha convertido en uno de los grandes problemas en materia de contaminación ambiental en nuestro país.

Podemos citar, al respecto, la gravísima contaminación que provocó dicha empresa en el estado de Sonora por la derrama de residuos tóxicos (cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, hierro, manganeso y plomo, según declaró la Semarnat en su momento) tanto en el Golfo de Cortés como en el río que lleva el nombre de ese estado, lo que fue considerado en su momento por el gobierno mexicano como el más grave incidente de contaminación ambiental en la historia moderna de México. En ese sentido, la prensa nacional, así como diversos organismos internacionales, no dejaron de resaltar ese acto ignominioso y exigieron a las autoridades gubernamentales un castigo ejemplar para ese empresario. El diario El País consignó la noticia señalando:

El peor desastre ambiental que ha ocurrido en el sector minero en México en su historia contemporánea es responsabilidad de Grupo México, una de las empresas del ramo más grandes del mundo y gestora de la mina Buenavista del Cobre, situada en el municipio de Cananea, en Sonora, al noroeste del país. El diagnóstico realizado por el Gobierno mexicano ha calificado el incidente como el más grave ocurrido en ‘tiempos modernos’. Más de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre se derramaron sobre el río Sonora, y al menos 20.000 personas han sido afectadas; miles de hectáreas de cultivo y cabezas de ganado se han perdido. Los cuantiosos daños todavía están por calcularse, pero podrían alcanzar fácilmente decenas de millones de dólares

La minera acabó con la fauna, la flora y la salud de muchos habitantes del río. A cambio pagó una multa de 1,2 millones de dólares, apenas una mínima parte de lo invertido en su nuevo proyecto —unos 187 millones de dólares—. ‘Mi señora me dice: ‘¿Y si un día mientras dormimos eso se revienta y nos lleva?’. En 25 minutos, Bacanuchi desaparecería bajo el agua’, comenta Isidro Vásquez, preocupado. Su pueblo, de 200 habitantes, cabe 138 veces dentro de la megapresa.

No es la primera vez que Grupo México es responsable de un derrame; hace menos de un mes vertió 3.000 litros de ácido sulfúrico en el en el mar de Cortés. Su oscuro historial contaminante es extenso en México, Perú o Estados Unidos. Este periódico intentó contactar sin éxito con los representantes de Grupo México para concertar una entrevista (Calderón, 2014).

Dicha compañía, desde sus inicios, se ha caracterizado por ser una de las empresas más contaminantes del mundo, ha operado con total impunidad y no ha habido gobierno nacional o extranjero que le ponga freno a su rapacidad. Esto obedece a que

Grupo México es una multinacional con presencia en 28 países; por tanto, es complicado para las organizaciones pedir una rendición de cuentas, pues cuenta con total respaldo de las autoridades. Esta empresa es la tercera minera más importante del mundo en cuanto a cobre y plata. Cananea tiene la mina de cobre más grande del mundo (Villanueva, 2019).

Ese mismo diario ha señalado de manera constante las tropelías cometidas por el Grupo México, que sin el menor sentido de culpa, lleva en su haber

120 infracciones federales en materia de medio ambiente, salud y seguridad. El caso de Grupo México es el del enriquecimiento a cualquier precio, por medio del despojo, de la contaminación y de la violación de derechos humanos, con costos ambientales y humanos altísimos. También es un caso de descarnada impunidad. Grupo México no cumplió con las medidas de reparación de daños a las que se comprometió, lo cual fue calificado por Naciones Unidas como un ejemplo ‘descarado y flagrante’ de impunidad.

Al igual que los de muchas megacorporaciones, demuestra que el único fin de los empresarios capitalistas es el de la acumulación de ganancias a cualquier precio, sin reparar en las consecuencias que el despojo, la violación a los derechos humanos y el daño al medio ambiente puedan causar. Y que mientras los gobiernos votan leyes contra los trabajadores, permiten actuar impunemente a los dueños y responsables de estas catástrofes (Villanueva, 2019).

La violencia sistemática

Debido a las constantes invasiones a sus territorios y a la explotación de su vasto recurso natural, las comunidades indígenas y otros ciudadanos preocupados por el deterioro del medio ambiente que causan las empresas privadas y vecinos de esas comunidades que persistentemente se han apropiado arbitrariamente de las tierras que son propiedad de esas comunidades, han estado levantando la voz para protestar por esos hechos. Si hiciéramos un recorrido por el historial de esas agresiones, despojos y denuncias presentadas, nos daríamos cuenta que eso no se ha podido detener debido a la incapacidad del Estado para detener tales fechorías, ante las cuales han gozado de total impunidad.

De nada han valido las insurrecciones ocurridas a lo largo de varios siglos, que han sido registradas y estudiadas por periodistas y académicos que se han encargado de analizar y denunciar tales eventos, los cuales se han realizado y justificado por los vacíos legales en las constituciones del país y por la corrupción imperante en él. Hoy en día, pese a las diversas normativas internacionales y a las modificaciones constitucionales, la devastación continúa, y de manera increíble no se ha hecho gran cosa para llevar ante la justicia a aquellos que han llegado hasta asesinar a quienes se oponen a sus designios.

La agencia internacional Global Witness, que se ha destacado por denunciar los atropellos y la corrupción que persiste en el tema de las violaciones de los derechos ambientales y derechos humanos asociados a estos, ha hecho énfasis en la brutalidad con que se manejan los dueños del capital mundial para obtener lo que han querido de aquellas naciones y comunidades étnicas poseedoras de recurso naturales que son de interés para esos grandes corporativos financieros. Gracias a su labor hemos podido saber que alrededor del mundo se siguen cometiendo asesinatos de los defensores de la tierra y el medio ambiente.

En su página de internet informan que

Global Witness lleva a cabo campañas para acabar con los asesinatos de los defensores de la tierra y el medio ambiente que arriesgan su vida para proteger bosques y ríos, así como a las comunidades locales. De las 201 personas defensoras del ambiente asesinadas en 2017 la mayoría provenía de América Latina, que continúa siendo la región más peligrosa del mundo para las y los defensores. Solo en Brasil, se registraron 57 personas defensoras asesinadas ese año. Además, la tala ilegal desenfrenada pone en peligro los bosques de esta región, donde colaboramos con las organizaciones locales para combatir la consabida corrupción de la industria maderera (International Land Coalition, 2017).

La prensa de Guadalajara ha investigado sobre el tema y recientemente publicó una nota que hace mención al respecto de esos datos y los particulariza para nuestro país, con lo que confirma las acciones criminales en contra de diversos pueblos indígenas.

El Informador, en su nota del 9 de agosto de 2019, nos dice:

En la última década, 108 personas fueron asesinadas en México por defender los bosques y los ríos, y 68 de ellas eran indígenas.

Los principales perpetradores de los crímenes contra personas defensoras del territorio son agentes estatales, pero también actores privados como sicarios, bandas criminales y terratenientes. Michoacán es el estado más mortífero para las y los defensores indígenas del territorio, al concentrar el 63 por ciento de los asesinatos, de acuerdo con la base de datos procesada por Mexico.com, de donde se extrajo esta información. A nivel nacional, el pueblo nahua, con presencia en 12 estados del país, registra el mayor número de los asesinatos, 37 en total; le sigue el purépecha, en Michoacán, con 14, y el ramámuri, en Chihuahua, con 7.

Integrantes de los pueblos indígenas wixárika, triqui, tsotsil, yaqui, ayuuk y mixteco también fueron asesinados en este periodo, crímenes que se consumaron en Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Chiapas y Sonora. La base de datos elaborada por Laura Castellanos y Denisse Sandoval inicia su conteo en 2009, y el último asesinato que registra es el del Margarito Díaz González, ocurrido en septiembre de 2018 en Nayarit. El indígena huichol que denunció la presencia de empresas mineras en territorio wixárika murió de un disparo en el rostro (Indígenas enfrentan violencia por defender el medio ambiente, 2019).

Por si no fuera suficiente, el diario remarca:

Hasta el 5 de julio pasado, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había contabilizado 13 asesinatos de activistas y personas defensoras de derechos humanos en 2019. Información recogida de reportes de prensa permite concluir que nueve de estos crímenes fueron contra defensores indígenas de la tierra y el territorio (Indígenas enfrentan violencia por defender el medio ambiente, 2019).

Todo lo anterior expresado, ha sido corroborado por la Relatora Especial de la onu, la cual, en el informe ya citado, deja evidencia de lo que hasta la fecha ha sido letra muerta para las autoridades gubernamentales, las cuales han convertido tales observaciones en una crónica de hechos que, como la historia nos ha mostrado, no se van a resolver prontamente. En un acto de honestidad y transparencia ella concluye diciendo:

20. Otro problema fundamental es que las autoridades ejidales y agrarias, producto de la Ley Agraria, no necesariamente coinciden con las autoridades representativas de las comunidades indígenas y, en muchos casos, entran en conflicto con ellas. Esto provoca incertidumbre y conflictos cuando agentes del Estado supuestamente consultan a las autoridades ejidales para la aprobación de medidas o actividades que afectan tierras indígenas en los ejidos.

23. En numerosos casos, sus reclamos territoriales forman parte de acciones legales para impugnar permisos forestales o derechos agrarios otorgados a terceros sin previa consulta. En algunos casos, los tribunales agrarios han dictado que el reconocimiento territorial solo se puede obtener mediante la figura de ejido o comunidad agraria. Mientras esperan la resolución de sus solicitudes y acciones legales, muchas comunidades enfrentan represalias (onu-dh, 2018, p. 5).

La situación latinoamericana

En lo que respecta a los otros pueblos de Latinoamérica, la problemática que enfrentan los pueblos indígenas de esa región es muy similar a la del caso mexicano, con la salvedad particular de la Selva Amazónica, que abarca nueve países de Suramérica y que representa el gran pulmón del planeta y, además, uno de los ejemplos más brutales de explotación de los recursos naturales.

Desde hace ya muchas décadas se ha insistido sobre el tema, sin que hasta el momento exista alguna autoridad local o internacional que ponga freno a una de las mayores atrocidades de los grandes corporativos multinacionales, que con el cobijo de la corrupción imperante en esos países mencionados, se han dedicado a expoliar esa magnífica riqueza, que ha sido el sustento y territorio de muchas comunidades indígenas que habitan dicha selva.

A pesar de la conquista portuguesa y española, nunca se había dejado sentir un daño de tal magnitud que esté repercutiendo en lo que ha sido llamado como el cambio climático. De manera preocupante, estamos siendo testigos, hoy en día, de la irracionalidad y falta de escrúpulos de los empresarios internacionales, que están ocasionando la devastación de grandes superficies de terrenos de la amazonia y la migración de pueblos indígenas, que se ven forzados a cambiar de lugar tratando de evitar su exterminio.

De nada ha servido que se hayan instrumentado múltiples acuerdos y protocolos internacionales para proteger la biodiversidad del planeta si los países más industrializados continúan con su voraz intención de acumulación de riqueza. Un ejemplo de esos múltiples acuerdos, se dio recientemente en septiembre de 2018 con motivo de la Cumbre de Acción por el Clima, en donde se reunieron en la ciudad de San Francisco, California, 34 dirigentes regionales de todos los continentes para signar un acuerdo de colaboración con las comunidades indígenas de sus territorios que habitan las selvas, con el fin de luchar contra la deforestación.
Todos coincidieron en que el manejo publicitario para salvar los bosques se queda en una mera proclama si no viene acompañado de al menos tres ingredientes: conocimiento científico que explique por qué hay que luchar por ellos, voluntad política para hacerlo y dinero para sufragar esta misión.

En los estudios que se han venido desarrollando por especialistas sobre el clima pudieron darse cuenta que la “jungla manejada por pueblos indígenas y comunidades tradicionales almacenan casi 300.000 millones de toneladas de co2, o lo que es lo mismo, el equivalente a 33 veces las emisiones de toda la energía generada en el mundo el año pasado” (Linde, 2018).

Dado lo anterior y en razón de la emergencia que supone la preservación de los bosques del planeta fue que “nueve fundaciones han anunciado que aportarán 459 millones de dólares [unos 395 millones de euros] para conseguirlo, y un estudio ha mostrado que estas áreas son más importantes de lo que se pensaba a la hora de capturar dióxido de carbono” (Linde, 2018).

Alain Frechette, director de análisis de la iniciativa de Derechos y Recursos (rightsandresources.org), que promueve las investigaciones que se hacen alrededor de los cinco continentes, afirmó que tan solo 64 países acumulan el 69 % de la superficie arbórea del mundo. El resultado es cinco veces mayor de lo que se estimaba hasta ahora. De manera más específica y en relación a los pueblos indígenas, los informes del Banco Mundial nos dicen que “los pueblos indígenas son guardianes del 80 % de la biodiversidad global” (Reyes, 2020).

Cerca de 370 millones de personas se autoidentifican como indígenas en el mundo. Los pueblos indígenas viven en más de 90 países distribuidos en las siete regiones socioculturales del mundo, según datos de la fao. Además, representan alrededor del 5 % de la población en el mundo y cerca del 15 % de las personas en pobreza (Reyes, 2020).

Según la opinión de este funcionario, la experiencia histórica ha mostrado que

[n]o hay nadie mejor que las comunidades indígenas para preservarlos. Los territorios que habitan, a pesar de las amenazas constantes de empresas, mafias e incluso gobiernos, sufren entre dos y tres veces menos deforestación que aquellos que están en otras manos (Linde, 2018).

Entonces, si se tiene plena conciencia de cómo estas comunidades han protegido sus ecosistemas y la biodiversidad que existe en ellos, ¿cómo es que debido a las luchas de resistencia que han realizado para defender lo que histórica y legalmente les pertenece, siguen en asedio constante y son criminalizados y asesinados por ese hecho?

Los datos que nos ofrece la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao) son bastante reveladores. En sus informes reconocen que es imperioso tratar “de reconocer que los indígenas son los mejores guardianes del bosque y, en lugar de perseguirlos, es necesario protegerlos y apoyarlos” (Linde, 2018).

Es precisamente en ese verbo donde quedan subsumidos el voluntarismo de las buenas intenciones de todos los organismos internacionales. Solo “tratan” y no buscan la manera de impedir tantos atropellos y vejaciones. Es indudable que esto conlleva el asumir posturas radicales. Dada la gravedad de los casos, se tendrían que exigir nuevas regulaciones y limitaciones a la explotación de los recursos de la naturaleza por parte de las grandes corporaciones industriales. Estas han creado la falsa creencia de que ellas mantienen en funcionamiento las economías, y con ello solo se dedican a observar complacidamente cómo pelean los estados investidos como capataces contra los precarizados trabajadores de todos los sectores económicos de cada país. Mientras tanto, ellas se llevan ganancias que socavan los derechos de los pueblos indígenas, los cuales indudablemente tiene una concepción del “desarrollo” muy diferente a ellos.

Ni los gobiernos ni dichas empresas basadas en la política neoliberal capitalista y el extractivismo tienen la menor intención de constreñir la voracidad de acumulación de los dueños del capital mundial. Estos, a través de la onu y todos los organismos “especializados” que han creado, se han encargado, junto con instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la ocde y muchos otros corporativos poderosos del planeta, de imponer reglas que, a través de la estigmatización y la presión financiera, imponen estrategias que solo les favorecen a ellos y no cuestionan las formas y estructuras de la dominación mundial. Al respecto, la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez, a través de su cuenta de Twitter, el 22 de septiembre de 2019, afirmó:

[¿]El fmi promover el libre mercado? [emoticones de risa]. No hay [más] parásitos […] que los del fmi, El Banco Mundial y la onu. Lords de la pobreza que viven de perpetuarla siempre proponiendo más deuda y más impuestos gubernamentales. Eso no tiene nada de libre mercado.

¿Cuánto más tienen que seguir haciendo los grandes corporativos internacionales, salvaguardados por los intereses espurios de empresarios nacionales que obran en contubernio con aquellos y que son arropados por los propios países en donde su “inversión de capital” contribuye supuestamente al desarrollo de los mismos?

¿Cuánto más se tiene que recrudecer la violencia y el exterminio de luchadores sociales campesinos e indígenas, para que la onu, la oea y las instituciones defensoras de los derechos humanos actúen para frenar tales acciones que a todas luces representan claras violaciones de sus derechos?

El balance de 2018 de la organización internacional Global Witness, difundido en agosto de ese año, destaca que la violencia ya alcanza “dimensiones realmente alarmantes y que desgraciadamente en algunas zonas ni siquiera cuentan con apoyos de las autoridades y la administración de justicia” (Elcacho, 2019).

En dicho informe se señala lo siguiente:

El año pasado fueron asesinadas un promedio de más de tres personas por semana al defender sus tierras y el medio ambiente de la invasión de industrias, como la minería, la tala y la agroindustria. Incontables más fueron silenciadas a través de otras tácticas diseñadas para aplastar la protesta, como arrestos, amenazas de muerte, juicios y campañas de desprestigio. […] Los países con el mayor número total de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, cuyos asesinatos fueron registrados, fueron Filipinas (30), seguida por Colombia (24), India (23) y Brasil (20) [...] 164 personas defensoras fueron asesinadas en 2018, un promedio de más de tres asesinatos por semana (Global Witness, 2019).

Esto representa el contexto de una guerra permanente contra campesinos e indígenas ―que se niegan a ser excluidos y desterrados― si no se avienen a los intereses de los grandes inversores trasnacionales. Francia Márquez, la líder afro del Norte del Cauca, ganadora del Premio Ambiental Goldman en el año 2018, afirmó: “En nombre del desarrollo nos han empobrecido, en nombre del desarrollo nos han violentado, en nombre del desarrollo esclavizaron a mis ancestros y ancestras” (Goodman, 2018).

Triste realidad la que aqueja a los pueblos indígenas de la región latinoamericana, ya que solo a través de la protesta y la resistencia pueden poner al descubierto el abuso, la manipulación y la mentira, más aún cuando esta ya viene dictaminada por decreto desde las más altas instancias del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la ocde, entre otros, que bajo la corrupción gubernamental que padecemos en todos los órdenes, es el verdadero virus mortal de la sociedad.

Estos pueblos son una víctima más de este juego de intereses, y sus efectos también se dejan sentir desafortunadamente en los cambios severos en el medio ambiente del planeta. De hecho, el globalismo hoy en día ya se encuentra fracturado por la confrontación entre los grandes bloques económicos y políticos regionales, los cuales han entrado en una confrontación despiadada por los recursos y por conseguir la hegemonía mundial.

Conclusiones

Como podemos advertir, es un hecho incontrovertible que la depredación de los territorios indígenas y sus recursos naturales en América Latina y en México, por parte de grandes empresas multinacionales, amparados por la corrupción excesiva de funcionarios gubernamentales, entraña flagrantes violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios, así como un impacto brutal y casi irreversible al planeta, lo que sin duda también atenta contra el derecho a la vida y la salud de toda la humanidad.

Lo anterior es un afirmación que se sustenta en los diversos informes de desarrollo social, tanto de la Organización de las Naciones Unidas, como de los organismos financieros internacionales; es decir, es un tema ampliamente documentado, datos en los que también podemos sustentar la afirmación de que a pesar de que los indígenas representan el 8 % de la población de América Latina, también constituyen aproximadamente el 14 % de los pobres y el 17 % de los extremadamente pobres de la región. La experiencia histórica ha mostrado que no hay nadie mejor que las comunidades indígenas para preservar los territorios que habitan, a pesar de las amenazas constantes de empresas, mafias e incluso gobiernos. Estos territorios sufren entre dos y tres veces menos deforestación que aquellos que están en otras manos. Tal cual lo reconoce la fao en sus informes: hay que tratar de reconocer que los indígenas son los mejores guardianes del bosque y, en lugar de perseguirlos, es necesario protegerlos y apoyarlos.

Pero mientras que todo se limite a solo “tratar” y sigan campeando la desmemoria institucional y gubernamental en México y América Latina, mientras la sordera, la soberbia, la estulticia, la voracidad y corrupción de medidas sigan siendo la forma de proceder de gobernantes, crimen organizado y empresas multinacionales, mismas que han creado la falsa creencia de que ellas mantienen en funcionamiento las economías y con ello solo se dedican a observar complacidamente cómo pelean los estados investidos como capataces contra los precarizados trabajadores de todos los sectores económicos de cada país, seguiremos dependiendo de las luchas de resistencia de los pueblos originarios y la cuota de muerte y pobreza que estos pagan para conservar lo poco que queda del planeta para que la humanidad tenga una esperanza de preservar la vida y la dignidad.

Referencias

Álvarez, G. [@GloriaAlvarez85]. (2019, 22 de septiembre). El fmi promover el libre mercado? No hay parásitos más socialistas que los del fmi, El Banco Mundial y la onu [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/GloriaAlvarez85/status/1175951136794300416?s=09

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Elcacho, J. (2019, 5 de agosto). Defensores del medio ambiente asesinados en un año. La Vanguardia. https://www.lavanguardia.com/natural/20190805/463865980993/informe-global-witness-asesinatos-ecologistas-ambientalistas-2018.html

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Cómo citar este texto

Nuño Gutiérrez, U. (2022). La depredación de los recursos y de los territorios indígenas de América Latina. Punto Cunorte, 8(15), 271-301.

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