Educación dirigida a culturas originarias en México

Education aimed at Mexico’s indigenous cultures

Resumen

Este texto tiene como objetivo reflexionar sobre la postura del Estadonación respecto a la imposición de la educación formal desde los parámetros socioculturales y políticos nacionales hacia las culturas originarias de México. Para ello, es importante tomar en cuenta cómo a través del proyecto nacional se ha generado la diferenciación de la población a partir de su identidad étnica, sin olvidar la discriminación y exclusión de aquellos pueblos que no son afines a los intereses nacionales.

A partir de ello, se ha buscado la resolución de conflictos y diferencias, y el respeto al derecho indígena, donde instancias y organismos, tanto nacionales como internacionales, han generado propuestas para un diálogo más estrecho entre los pueblos originarios y los proyectos nacionales en diversos ámbitos de la vida social, especialmente la educación. Sin embargo, la propuesta de la educación intercultural vista como una posibilidad de acercamiento, conocimiento y diálogo entre pueblos originarios que buscan la protección y reproducción de sus elementos culturales, como la lengua, tradiciones y sistemas de organización, no ha tenido mayor resonancia en las políticas públicas nacionales.

Palabras clave: educación intercultural, Estado, culturas originarias.

Abstract

The purpose of this paper is to examine the position of the nation-state regarding the imposition of formal education, within national sociocultural and political parameters, on Mexico’s indigenous cultures. It is important in this respect to take into account how, through a national project, populations have been differentiated on the basis of ethnic identity, not to mention issues of discrimination and the exclusion of peoples not pertinent to supposed national interests.

In seeking to achieve conflict and dispute resolution, and particularly respect for indigenous law, national and international bodies and agencies have generated proposals for a closer dialogue between indigenous peoples and national projects in various areas of social life, especially education. Nevertheless, proposals of intercultural education, viewed as a possibility for rapprochement, understanding, and dialogue with indigenous peoples seeking the protection and proliferation of certain elements of their cultures, such as language, traditions, and organizational systems, have not had any major impact on national public policymaking.

Keywords: intercultural education, State, indigenous cultures.

En México, el proyecto racial del mestizaje
está íntimamente relacionado con la
consolidación del estado-nación,
marcada por el desarrollo de nuevas
formas de vigilancia y control.

EMIKO SALDIVAR TANAKA

Introducción

La segregación de los pueblos originarios ha sido una problemática añeja e interminable. Históricamente, la diferenciación biológica, social y cultural ha sido un rasgo que ha marcado el rumbo de la humanidad como parte de procesos mayores donde el ser humano se ha visto en la necesidad de construir nuevas formas de vida. La implantación del sistema capitalista ha tenido implicaciones y transformaciones muy importantes en las relaciones sociales y en la vida cotidiana. Estas se han dado por los ritmos laborales desencadenados por el desarrollo tecnológico y la creación de grandes industrias que iniciaron a finales del siglo xix; ello dio como resultado la migración de grandes cantidades de población campesina a las ciudades, además de sistemas más complejos en la vida cotidiana.

El crecimiento acelerado de las urbes en todas sus dimensiones trajo consigo la formación de Estados y gobiernos, pero también tuvo un impacto a nivel global, puesto que se dio la reconfiguración geopolítica que actualmente conocemos. Sin embargo, estos procesos no quedaron únicamente enmarcados en el ámbito geopolítico, sino que trascendieron a otras esferas como la social y cultural, donde las relaciones entre las poblaciones vieron sus efectos, especialmente en la construcción de la nación. Como lo menciona Connor (1998), el requisito básico y subjetivo para esta construcción consiste en la identificación de la población con un grupo —con su pasado, presente y su destino—, es decir, por fines construidos colectivamente más que por pautas culturales y cosmovisión compartidas.

Por esto, los gobiernos optaron por la creación de una identidad nacional, donde cupieran "todos" sin excepción alguna, velando por los intereses de quienes han fijado ese camino. Por tanto, la identidad nacional supone que la gente es fruto del espíritu del pueblo, o que hay una retroalimentación y legitimación entre la sociedad y el Estado: sin el pueblo no puede existir el Estado (Azurmendi, 2000). Con el objetivo de lograr la cohesión social de la nación, fue necesario plantear la educación como estrategia para germinar la ideología que contribuyera a los intereses del proyecto nacional planteado. Por lo tanto, la educación ha sido el elemento mediante el cual se han difundido las ideologías políticas y sociales, y se ha construido una historia común a partir de aspectos destacables por el Estado.

En este sentido, el interés de este trabajo radica en la reflexión de la educación como derecho fundamental del ser humano y, a su vez, como una estrategia para la integración de las culturas originarias al proyecto nacional. Asimismo, se hace una reflexión sobre la coerción que el Estado ha ejercido sobre la población para mantener íntegros los intereses políticos y con ello pasar a las diversas propuestas para la implementación de la educación dirigida a los indígenas.

Cabe mencionar que este es un trabajo que se desprendió de una investigación realizada para la tesis de maestría. Sin embargo, lo que interesa aquí es preguntarnos cuál es la finalidad de la implementación de la educación para el Estado nacional. Esto debido a que los pueblos originarios han tenido que tomar la educación como un medio para mejorar sus condiciones de vida, sin la posibilidad de mantener sus usos y costumbres, sino que la propia educación ha permeado en la reconfiguración de su identidad. Este tema se vuelve relevante, ya que de estas reconfiguraciones se generan nuevas problemáticas sociales a partir de las relaciones que se llevan a cabo en la sociedad mexicana. También es importante hacer mención de la pérdida de reproducción de prácticas culturales como las lenguas originarias o los rituales religiosos.

En este sentido el trabajo está organizado en tres apartados. El primero trata sobre la construcción e imposición del Estado ante las culturas originarias; el segundo aborda los diferentes acuerdos que se han desarrollado para la defensa y reconocimiento de estas culturas, y el tercero se enfoca en hacer un análisis sobre el proceso educativo mexicano para la implementación de los programas de estudio enfocados a culturas originarias.

Los pueblos originarios: sin autonomía ni libre autodeterminación

"El Estado es una construcción, no tiene naturaleza ni sentido" (Rocker, 1977). La postura de Rudolf Rocker (1977) nos muestra que el Estado es un ente creado con la ayuda de la sociedad, es decir, los ciudadanos otorgaron su poder y lo legitimaron al reconocer su importancia. A partir de la consolidación del Estado nacional los cambios llegaron a tal magnitud que la sociedad se tuvo que sujetar a las normativas impuestas por esta institución y se ha visto obligada a seguir los estándares y propósitos a pesar de que en ocasiones se llegue a niveles absurdos como la discriminación social por no compartir ideologías o formas de vida del proyecto nacional.

Por lo tanto, el Estado no puede ser visto "como un actor autónomo, sino como una idea que permea a la sociedad como un todo, permite tomar en cuenta otras formas de dominación, tales como el racismo" (Saldivar, 2008, p. 16); es decir, nosotros como miembros de una sociedad le dotamos de esa legitimidad y a su vez nos muestra que tiene la capacidad y tutela de ejercer coerción sobre sus gobernados.

En este sentido, "el poder del Estado descansa no tanto en el conocimiento de sus sujetos, sino en sus prácticas regulativas y coercitivas, las cuales definen y crean cierto tipo de sujetos e identidades, mientras que niegan otras" (Corrigan & Sayer, citado en Rosberry, citado en Saldivar, 2008, p. 16). Al seguir esta idea, la fragmentación nacional la podemos observar desde dos perspectivas distintas que podrían llegar a ser contradictoras; sin embargo, ambas han sido estrategias utilizadas para dominar y segregar.

Por una parte, el Estado se ha abocado a la homogeneización de la población para tener mayor control, debido a que al ser los individuos iguales ante la ley es más fácil gobernar, además de que se ejerce una misma sanción para todos. Ser diferentes complejiza el trabajo del Estado y al mismo tiempo este tendría que ceder poder. Por otra parte, el hecho que el Estado confiera y reconozca cierta diferenciación social a partir de rasgos biológicos, culturales, identitarios, creencias políticas, religiosas, entre otros, da pie a la discriminación y racismo. A pesar de que se privilegió esta forma de gobierno, en la actualidad no hay posibilidad de negociar la postura o quehacer del Estado, ya que su estructura tiene bases sólidas donde todo está regulado para que se dé continuad al proyecto nacional.

Sin embargo, "las políticas indigenistas del Estado son un componente importante de la formación social, cultural y política de la sociedad mexicana" (Saldivar, 2008, p. 16); con ello se justifica su postura paternalista ante los sectores minorizados, impidiendo así su autonomía y libre autodeterminación, ya que no es posible deslindarse del sistema político. Por ello, el indigenismo visto desde la perspectiva racial ha tenido tanto sentido para el proyecto nacional, pues así es como puede mantener sometidos a los pueblos originarios a través de sus estrategias para resolver de manera mínima sus necesidades básicas y problemáticas socioculturales; un ejemplo claro es la creación del Instituto Nacional Indigenista como materialización del control político y social de las poblaciones indígenas en México (Saldivar, 2008).

El mestizaje ha sido una práctica trascendental para sustentar la postura y ejercicio de contención en contra de sectores marginados, originado especialmente por proyectos liberales que van más allá de cuestiones coloniales. De tal forma, la sociedad mestiza ha sido el principal apoyo del Estado para proponer, apropiarse, reproducir y transmitir a las nuevas generaciones las prácticas políticas, dejando fuera a todos aquellos que no comparten los mismo ideales políticos, económicos, sociales y culturales que se derivan de procesos globales como el capitalismo. Es decir, el grueso de la población ha definido junto con otras instituciones las normativas morales que deben imperar en las relaciones sociales dentro del territorio nacional, teniendo impacto en las ideologías.

No obstante, la cuestión política y moral no son los únicos elementos que han tenido impacto en las políticas indigenistas; también tiene que ver la cuestión biológica, como parte de una limpieza de sangre que de manera histórica se ha dado a nivel mundial y sigue permeando en las prácticas cotidianas de cualquier Estado. Una de las propuestas más importantes al respecto es la de Michel Foucault (1996) respecto al racismo de estado, donde considera que hay una jerarquización de razas y el Estado busca el continuum biológico ligado a la superioridad-inferioridad de estas según sus orígenes y prácticas socioculturales.

A partir del continuum biológico de la especie humana, la aparición de las razas, la distinción entre razas, la jerarquía de las razas, la calificación de unas razas como buenas y otras como inferiores, será un modo de fragmentar el campo de lo biológico que el poder tomó a su cargo, será una manera de producir un desequilibrio entre los grupos que constituyen la población. En breve: el racismo es un modo de establecer una censura en un ámbito que se presenta como un ámbito biológico. Es esto, a grandes rasgos, lo que permitirá al poder tratar a una población como una mezcla de razas o —más exactamente subdividir la especie en subgrupos que, en rigor, forman las razas. Son éstas las primeras funciones del racismo: fragmentar (desequilibrar), introducir cesuras en ese continuum biológico que el biopoder inviste.

La segunda función del racismo es la de permitir establecer una relación positiva del tipo: ‘Cuanto más mate, hagas morir, dejes morir, tanto más, por eso mismo, vivirás’. Diría que el que inventó esta relación (‘si quieres vivir debes hacer morir, debes matar’) no fue ni el racismo ni el Estado moderno. Es la misma relación guerrera que dice: ‘Para vivir debes masacrar a tus enemigos’. Pero el racismo hará funcionar esta relación de tipo bélico: ‘Si quieres vivir el otro debe morir’ de un modo nuevo y compatible con el ejercicio del biopoder. El racismo, en efecto, permitirá establecer una relación entre mi vida y la muerte del otro que no es de tipo guerrero, sino de tipo biológico. Esto permitirá decir: ‘Cuanto más las especies inferiores tiendan a desaparecer, cuantos más individuos anormales sean eliminados, menos degenerados habrá en la especie, y más yo —como individuo, como especie— viviré, seré fuerte y vigoroso y podré proliferar’. La muerte del otro —en la medida en que representa mi seguridad personal— no coincide simplemente con mi vida. La muerte del otro, la muerte de la mala raza, de la raza inferior (o del degenerado o del inferior) es lo que hará la vida más sana y más pura. No se trata entonces ni de una relación militar o guerrera, ni de una relación política, sino de una relación biológica (Foucault, 1996, p. 206).

Foucault (1996) nos habla del racismo a partir de la cuestión biológica, cómo se produce y reproduce no solo en la cuestión política, respecto a las normativas jurídicas, sino a nivel social donde la población va adoptando esas regulaciones, transformándolas en cuestiones morales. Por lo tanto, las diferenciaciones culturales se dan de manera natural y siempre hay un nivel de comparación superior-inferior a partir del otro. Lo más importante es cómo se construye la moralidad de las sociedades blancas que habitaban en las colonias y cómo se ha introyectado en las prácticas cotidianas, especialmente en la manera en como estructuramos nuestras relaciones con los otros (Saldivar, 2008).

Esta no es una situación que ocurra únicamente en México, es una problemática a nivel internacional. Sin excepción alguna, todos los Estados y sus gobiernos, en mayor o menor medida, han establecido relaciones coercitivas con sus pueblos, debido a que es uno de los principales aspectos que los caracteriza. Además, se pueden justificar estas acciones con el objetivo de brindar seguridad y estabilidad nacional no solo al interior, sino también al exterior para mostrar su fortaleza ante el resto del mundo. Por esta razón, diversas instancias a nivel internacional desde el siglo pasado se han dado a la tarea de proteger los derechos de las poblaciones originarias a través de propuestas de políticas públicas.

Estado versus pueblos originarios

Como se ha discutido anteriormente, los pueblos originarios han tenido una posición de inferioridad. Esta situación se dio desde la llegada de los españoles a América, donde impusieron su cultura, prácticas sociales, políticas, religiosas, económicas y demás, con la finalidad de apropiarse de la riqueza del territorio y con ello expandir su dominio. Los habitantes de esos territorios defendieron sus prácticas, sin evitar la influencia. Con el paso del tiempo, la situación mundial sigue manteniendo a los pueblos indígenas en un nivel de inferioridad respecto a las sociedades nacionales. Aunque se han buscado estrategias para matizar la problemática, esto no se ha resuelto de raíz y algunos organismos a nivel internacional han realizados propuestas con relación a ello.

Uno de los primeros organismos que se preocupó por velar los derechos de los pueblos originarios fue la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Con motivo de los cambios estructurales que acababan de pasar en el mundo y su reconfiguración geopolítica con el paso de las dos guerras mundiales, este organismo decidió hacer algo para brindar apoyo a aquellos que no habían tenido voz frente a la esfera política y social: los grupos étnicos.

Es por eso que en 1957 se llevó acabo el Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales (núm. 107), el cual tuvo como objetivo que los grupos indígenas, tribuales y semitribuales, fueran protegidos e integrados al sistema mundial; es decir, ofrecerles la posibilidad de que se integraran a la vida moderna a través de su incorporación al área productiva, tomando en cuenta su especificidad étnica y cultural. La visión de la OIT fue muy clara: mantener su postura de superioridad en todos los ámbitos frente a los grupos étnicos y fungir como mediador para la unificación de las naciones, ya que la mayoría tiene población originaria.

La OIT solo tomó en cuenta los bajos índices de desarrollo de los grupos indígenas y los apoyó para mejorar sus condiciones de bienestar material, desarrollo, libertad y dignidad; sin embargo, esto último quedó en un plano superficial debido a que no se llevó más allá la propuesta. No se hizo una consulta directamente a los grupos étnicos para tener conocimiento de qué es lo que requieren y qué quieren para mejorar sus condiciones de vida, como la dignidad humana, tomando en cuenta la libre autodeterminación y autonomía.

No obstante, en 1989 se reformuló el convenio 107 y se generó el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (núm. 169) con la idea de mejorar las relaciones entre grupos étnicos y sociedad nacional. Entre las primeras observaciones que se hicieron estuvo la eliminación de la orientación hacia la asimilación de los grupos tribales. Especialmente, se habla de un reconocimiento por parte de las naciones donde identifican que los pueblos originarios aspiran "a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven" (Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, núm. 169, 1989).

Lo anterior fue un resultado de las desigualdades generadas en distintas latitudes donde muchas culturas no gozan de los derechos humanos fundamentales. En este sentido, se puede observar un compromiso mayor con las comunidades originarias; ya no se trata de integrarlas al sistema laboral, ya no se les ve como el hermano menor que hay que cuidar, aunque muchos Estados siguen actuando desde el paternalismo. Ahora se ha dejado que ellos mismos sean los responsables de sus propios procesos a partir de su cosmovisión y cosmogonía, sin la intención de intervenir de manera directa en formas de hacer y pensar desde posturas que no concuerdan con sus pautas culturales. Ahora el Estado tendría que propiciar el desarrollo económico al impulsar proyectos y programas para echar a andar sus economías.

Como podemos observar, ha habido avances importantes en materia indigenista desde instancias internacionales; sin embargo, hace falta que haya regulaciones, donde estos mismos organismos garanticen la aplicación de estos convenios, debido a que se menciona al final del convenio (Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, núm. 169, 1989) que tanto el Instituto Indigenista Interamericano y la Organización de las Naciones Unidas desde diversas dependencias deben velar por la aplicación de estos postulados. Lo preocupante es que no hay una sanción o algo que obligue a los Estados a llevar a cabo tal propuesta, ya que hay muchos que hacen caso omiso y los pueblos originarios siguen viviendo vejaciones.

Otro esfuerzo importante fue la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el 2007. Con esta declaración se reconoció la igualdad entre pueblos indígenas y no indígenas, al igual que el derecho que tienen todos los pueblos a ser diferentes. Es decir, todos tienen los mismos derechos, dejando de lado las diferencias de superioridad-inferioridad de raza como lo planteó Michel Foucault (1996), y ahora dando pie a establecer relaciones horizontales entre las diferentes culturas con la libertad de mantener y reproducir sus pautas culturales.

Cabe mencionar que muchos Estados han caído en el error o han buscado ciertos intersticios donde siguen manteniendo proyectos que llevan a los pueblos originarios a la asimilación, aculturación e integración nacional a partir de diversas políticas públicas encaminadas a la imposición la lengua nacional, la integración al sistema económico, el despojo de tierras, incursión a la escolarización, y muchas más (Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2007).

En el caso de México ha sido clara la postura del Estado respecto a los pueblos originarios. A pesar de la estructura jurídica con relación a lo indígena, en la actualidad no se deja ver esta equidad entre los indígenas y los no indígenas del país. Un ejemplo de ello son las incongruencias entre las leyes y las acciones que se ejercen en la práctica: se les niegan los espacios para que reproduzcan sus pautas culturales que los constituyen. Por lo tanto, los representantes de los diferentes órdenes de gobierno no saben cuáles son las necesidades de cada uno de los pueblos que se asientan en su territorio, debido a que cada grupo indígena presenta problemáticas distintas en diferentes ámbitos.

Esto lo podemos comprobar claramente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2017) donde en el artículo primero nos muestra ambigüedades, puesto que menciona que todas las personas gozaran de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los diferentes tratados internacionales en los cuales la nación forme parte. Sin embargo, la primera frase del artículo segundo menciona: "La nación es única e indivisible" (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017, art. 2), lo que nos muestra cómo por una parte hay avances en términos del reconocimiento, y cuando se regresa al interior cambia sus intereses con la población y sigue la idea de dominación e integración social. Ello resulta un tanto arriesgado, debido a que muestra dos caras; finalmente no apuesta una la mejora de las relaciones interétnicas.

Aunque el artículo segundo de la carta magna hace referencia a la diversidad cultual en México, señala que todos deben regirse por las leyes nacionales, puesto que se les "concede" —como si fuera el padre, que le otorga permiso al hijo— la libre autodeterminación y hasta su autonomía para reproducir su cultura, sus prácticas sociales, organización política y religiosa; pero en la práctica no hay elementos que den cuenta sobre la autonomía de las comunidades (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017).

Si fuera así, no se impondrían los modelos educativos nacionales en las comunidades originarias, sino que habría opción de que las propias comunidades generaran sus formas de transmitir los conocimientos desde sus parámetros culturales y que sean reconocidos por el Estado: si no se siguen estos modelos nacionales, donde la Secretaria de Educación Pública es la encargada, no son válidos.

En relación con lo anterior, el artículo tercero trata sobre la aplicación de la educación y se menciona que esta debe ser laica, gratuita y obligatoria para toda la población mexicana; esto, por supuesto, incluye a los pueblos originarios (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017). Con ello podemos observar cómo el Estado busca integrar de cualquier manera a las minorías con tal de homogeneizar a la población y así hacer efectivo su control. Aunque los pueblos han demandado su autonomía y libre autodeterminación no han podido lograrlo completamente, ya que la misma estructura política, como lo vimos anteriormente en la presentación de los primeros artículos constitucionales, no da cabida a lo diferente. En el artículo cuarto se establece que:

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2017).

De tal forma, Díaz Polanco (2005) menciona que las constituciones nacionales generan incompatibilidad con las garantías o derechos de cada cultura por sus respectivas particularidades. En este sentido, lo importante no es caber todos en la constitución, sino cómo nos relacionamos con la diferencia; es decir, cómo a partir de la reproducción de pautas culturales distintas se puede enriquecer la cultura nacional, sin generar esa competencia y comparación entre "las razas" y tratar de ver quién es superior y quién inferior a partir de estándares establecidos por occidente.

Lo más valioso sería compartir y retroalimentarnos entre los pueblos y sacar lo mejor de nosotros a partir de las relaciones horizontales. Es por ello que la interculturalidad hace referencia a un entre, lo que busca dar cuenta de esos conflictos internos y solucionarlos; en otras palabras, identificar las diferencias del hacer y pensar, y a partir de ello cómo podemos generar ese equilibrio para evitar confrontaciones con el otro.

Una de las cuestiones que tienen impacto directo en esta problemática es la concepción de los derechos humanos, ya que existe división de derechos. Por un lado, se encuentran los derechos civiles y políticos, y, por otro lado, los sociales y culturales. Para Héctor Díaz Polanco (2005) no debería haber fundamento para la división de los derechos, sino que todos deberían tener la misma importancia, aunque para los gobiernos es más fácil hacer esta división con la finalidad de priorizar los civiles y políticos, sobre los sociales y culturales, debido a que los segundos, en la mayoría de los casos los Estados los dejan en buenas intenciones sin voluntad, es decir, que no se generan acciones sobre cómo aplicar estos derechos entre la población. Un ejemplo es la firma del convenio 169 de la OIT (1989) que se mencionó anteriormente donde se reconoce el respeto a la autonomía y libre autodeterminación de los pueblos originarios. Sin embargo, en la práctica el Estado Mexicano no ha hecho lo necesario para brindar ese respeto y autonomía, por lo que los pueblos originarios desde 1994 –con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapassiguen demandando derechos que les son negados como la justicia, democracia, libertad, educación, entre otros.

Por esta razón, no podemos pensar que la división de los derechos sea una solución viable, sino que más bien es una cuestión para dejar en puntos suspensivos la posibilidad de ceder poder y control por parte del Estado. Todos los derechos son integrales o armas de combate político, que para el sistema capitalista aplica lo segundo, sobre todo porque para los gobiernos los derechos humanos no pueden estar al mismo nivel, ya que ellos son los principales violadores.

Incluso "los grupos identitarios (particularmente los indios del mundo) ven limitados drásticamente, e incluso negados, sus derechos socioculturales, siempre relegados a un segundo plano respecto de los considerados por el liberalismo como fundamentales" (Díaz, 2005, p. 59). Aunque "en México, el ejecutivo federal se presenta como un partidario de supuestas medidas redistributivas (envueltas en el desarrollo social), mientras se desentiende del reconocimiento de derechos (y en esto cuenta con el respaldo de los demás poderes)" (Díaz, 2005, pp. 60-61). Por lo anterior, nos queda claro que el Estado tiene intereses concretos y bien estructurados para que la sociedad sigua bajo su régimen y no haya posibilidad de negociar.

Educación intercultural

La educación es un derecho fundamental del humano, puesto que permite adquirir conocimientos y aprendizajes para lograr una vida social plena a través de la autorrealización. Desde la perspectiva neoliberal, la educación es importante, ya que los países se ven beneficiados porque incentiva el desarrollo económico, tecnológico, social y cultural; sin embargo, para el Estado mexicano su finalidad es la unificación de la población, más que preparar a las nuevas generaciones para que el país prospere.

Esto se puede observar desde la creación de la Secretaria de Educación Pública (SEP) en 1921. El problema de la educación en México ha tenido muchas vertientes, aunque hay personajes muy importantes que influyeron en las políticas educativas nacionales como Manuel Gamio, Moisés Sáenz, Gonzalo Aguirre Beltrán y José Vasconcelos, quienes fijaron las bases para que la educación lograra sustentar los intereses nacionales.

Por ello, algunos de los académicos antes mencionados defendían la idea de que el conocimiento antropológico debía de ayudar al Estado a gobernar, por esta razón fueron contratados para resolver las problemáticas en materia indígena. Posteriormente, el presidente Lázaro Cárdenas decidió establecer el Departamento de Asuntos Indígenas (DAI) en 1936, fecha en que incorporó a este departamento autónomo el Departamento de Educación Indígena y el Departamento de Misiones Culturales.

Esto se resumió a tres aspectos principales: en primer lugar, la capacitación de maestros para el trabajo educativo en las comunidades indígenas; en segundo lugar, la preparación de textos en lenguas indígenas, y, en tercer lugar, la utilización de alfabetos prácticos para la escritura de las lenguas indígenas (Secretaría de Educación Pública, 2013). El DAI obtuvo su jurisdicción en los aspectos administrativo, económico, social y educativo de la vida indígena (Brice, 1972, pp. 160-161).

Es importante mencionar que una de las estrategias que habían realizado varios políticos y secretarios de educación como Álvaro Obregón y Moisés Sáenz fue la incorporación de los pueblos indígenas a la nación mediante la castellanización de todos aquellos que no hablaban el español. Este proceso consistió en que los profesores y misioneros que llegaban a las comunidades indígenas tenían que dar sus clases o talleres en español, es decir, la lengua originaria no era importante en el proceso de enseñanza, sino más bien el objetivo era lograr la incorporación de los indígenas a la nación, por lo que la manera más factible de lograrlo era a través del lenguaje.

Con ello se crearon las Misiones Culturales y las Casa del Pueblo. Las Misiones Culturales consistieron en que un grupo de profesores se acercaran a las comunidades indígenas para llevar cursos, talleres y alfabetización para que se iniciaran en la cultura nacional, mientras que las Casa del Pueblo eran espacios en donde los indígenas, especialmente jóvenes, se integraban a la educación nacional.

En función de lo anterior, cada gobierno realizó distintas acciones y estableció distintos discursos respecto a los indígenas, como lo afirma Emiko Saldívar (2008): "Los discursos y prácticas institucionales no están solo constituidos por las demandas internas de una organización determinada, sino también por el contexto social en que se forman" (p. 17), ya que unos los veían como grupos vulnerables que debían ser protegidos por el Estado, mientras que otros los veían como un obstáculo para el desarrollo.

Así, se comenzaron a implementar políticas sociales, las cuales han permitido analizar las diferencias entre las relaciones del Estado y los pueblos indígenas. Una de las políticas más importantes fue la creación del Instituto Nacional Indigenista (INI) el 4 de diciembre de 1948 por Alfonso Caso, Gonzalo Aguirre Beltrán y Julio de la Fuente. Esta institución surgió a partir del Instituto Interamericano Indigenista. Su principal objetivo era atender las problemáticas y resolver los rezagos sociales de los pueblos indígenas en México, derivados de la exclusión social por la discriminación que es entendida como

una conducta culturalmente fundada, y sistemática y socialmente extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales (Rodríguez, 2006, p. 26).

En la década de 1970 se dieron una serie de reivindicaciones indígenas a partir de numerosas organizaciones y congresos relacionados con el indigenismo y la educación. En estas surgió como propuesta la educación bilingüe bicultural como parte del desarrollo de los pueblos indígenas y no como un paso para la castellanización como se había realizado en décadas anteriores.

Además, las lenguas indígenas comenzaron a tomar un papel relevante en la sociedad nacional, ya que se consideraron como lenguas nacionales.

Entre los avances en este aspecto se encuentra la instauración de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) en 1978 con la finalidad de que los indígenas se incorporaran a la nación a través de la educación supuestamente bilingüe, aunque esto no resolvió las asimetrías marcadas desde varios siglos atrás entre las culturas de México.

A pesar de múltiples esfuerzos de varios sectores, los políticos no han cambiado la perspectiva sobre la educación como instrumento coercitivo donde se les puede integrar a la sociedad nacional y eliminar esos rasgos indeseables de las culturas originarias. Uno de los aspectos que sigue permeando es la idea de raza, especialmente por el mestizaje que se sufrió en la época colonial, donde quedaron impregnadas ideologías y prácticas de los españoles y criollos. Sin embargo, "la educación no es un simple proceso de transmisión cultural; en su desarrollo se generan fuerzas contrarias que tienden, unas, a la conservación de lo tradicionalmente establecido, otras, a su renovación" (Aguirre, 1982, pp. 9-10); es decir, que no podemos pensar que solo con la educación se pueden eliminar los rasgos característicos de una cultura, sino también la lengua, por poner un ejemplo.

Las políticas educativas han mostrado que una de las principales herramientas para la instrucción escolar es la lengua. En este caso, la enseñanza del castellano para los pueblos originarios es fundamental, porque mediante el conocimiento del idioma se ha logrado alejar a los miembros pertenecientes a estas comunidades de su cultura y acercarse más a las prácticas sociales del país. "Cuando la nación mexicana integrara al indio dentro de un sistema educativo uniforme, desaparecería el mito de su inferioridad, pues se mostraría capaz de alcanzar los mismos logros educativos que el hombre blanco y el mestizo" (Brice, 1972, pp. 116-117).

Por lo anterior, lo adecuado sería que la educación propuesta por el Estado hacia los pueblos indígenas establezca un diálogo estrecho entre la cultura y lengua. En primer lugar, sería una educación desde el contexto lingüístico del niño donde se "considere las formas de vida y tradiciones culturales existentes en el entorno del niño, además de las formas como se transmiten los conocimientos" (Dirección General de Educación Indígena, s.f., p. 10).

En segundo lugar, "el habla es una actividad humana que varía, son límites precisos en los distintos grupos sociales" (Sapir, 1921, p. 10). En tercer lugar, "el pensamiento podrá ser un dominio natural, separado del dominio artificial del habla, pero en todo caso el habla viene a ser el único camino conocido para llegar hasta el pensamiento" (Sapir, 1921, p. 23). En cuarto lugar, la lengua es el principal medio de comunicación por el cual se expresan las experiencias y conocimientos, pero lo que es más importante es que no se pueden traducir ciertos aspectos de la vida porque cada idioma tiene rasgos característicos que en otros no existen.

En quinto lugar, "las lenguas mantienen una cohesión e identidad al interior de las comunidades" (Sapir, 1921, p. 11). En sexto lugar, "el lenguaje está íntimamente ligado con nuestros hábitos de pensamiento; en cierto sentido, ambas cosas no son sino una sola" (Sapir, 1921, p. 247). Finalmente, uno de los problemas más importantes para la educación indígena es que no existen libros de texto gratuito en todas las lenguas originarias, sino que se enseña desde la educación nacional para facilitar este proceso y mantener coerción por parte del Estado.

La realidad es que el desplazamiento lingüístico es un claro producto de la educación con tintes nacionalistas. Así, las escuelas rurales en el medio indígena han sido un proyecto y hasta nuestros días es un problema que no ha quedado resuelto y que en todo caso se suma a la problemática de fondo. Como afirma Maurer (2010),

generalmente a partir del tercer año de primaria, se pasa a la enseñanza del español como segunda lengua y la enseñanza del resto del programa […] [se lleva a cabo] en español. A partir de este momento, la lengua vernácula desaparece por completo del programa escolar (p. 273).

Además, no podemos mantener la idea de que las culturas originarias se encuentran en el rezago social por falta de educación. Aunque no contemplan los mismos mecanismos para la transmisión de conocimientos que las sociedades occidentales no quiere decir que no lo hagan, simplemente han generado formas distintas de hacerlo. Las comunidades indígenas no tienen escolarización, pero sí tienen educación y la reciben de los ancianos a partir de rituales y prácticas culturales bien definidas y estructuradas en donde transmiten sus conocimientos a las nuevas generaciones con la finalidad de mantener viva su cultura. Lo anterior es una de las principales cuestiones que debemos aprender a valorar y respetar: que somos distintos, y, con ello, hay formas de hacer diferente. El hecho de que no compartamos esas formas no implica necesariamente que están erradas o mal pensadas: simplemente son distintas.

En este sentido, es importante mencionar que la aplicación de la enseñanza en escuelas ubicadas en las urbes y en las comunidades étnicas será distinta debido a los recursos y apoyos que tienen a su alcance. Por una parte, podemos hablar sobre las distinciones respecto al apoyo material que reciben las escuelas urbanas donde prácticamente cuentan con infraestructura, materiales didácticos, docentes para cada grado, espacios donde los niños fortalezcan los aprendizajes como museos, exposiciones, teatro, entre otras; mientras que los elementos inmateriales que tienen que ver con los contenidos de los programas educativos o la cultura son reforzadas por la sociedad, a través de las diversas instituciones sociales, para fortalecer los aprendizajes que se transmiten en la escuela.

Las comunidades originarias carecen de escuelas, y los niños se ven en la necesidad de caminar varias horas para llegar hasta el centro escolar y recibir las enseñanzas. Estas carencen de profesores, ya que muchas de ellas son escuelas multigrado —es decir, podrían tener solo dos profesores para impartir los seis años de primaria, por ejemplo—. Los recursos didácticos son mínimos, por lo que los profesores tienen que idear estrategias para solventar esas situaciones y muchas veces piden el apoyo a los padres de familia o a la comunidad.

Estos son solo ejemplo de cómo se da la verticalidad educativa entre la población nacional y la originaria. Con ello, se puede mostrar como el Estado, a pesar de que tiene clara su estrategia para homogeneizar, no ha logrado cumplir ni siquiera con los elementos básicos para llevar la escolarización de calidad a todos los rincones del país. Lo viable sería que las propias comunidades se encargaran de esta actividad como parte de la reproducción cultural y que los padres de familia, las autoridades tradicionales y civiles tuvieran impacto en estos procesos. Uno de los puntos importantes es la socialización para el desarrollo del menor, sobre todo cuando se hace desde la práctica cotidiana, incorporando conocimientos en su vida para que el aprendizaje se vuelva significativo. Por ello, la declaración de Oaxtepec demanda lo siguiente:

La educación que se imparte en nuestras escuelas no es educación indígena, sino para indígenas, instrumentada para reproducir […] la dominación cultural, la discriminación racial, la explotación económica y la manipulación política […] [Tenemos que] buscar la educación que responda a nuestras […] necesidades, a nuestra especificidad cultural, a nuestras características sociales, económicas y lingüísticas (Maurer, 2010, p. 274).

Es importante mencionar que tanto la educación nacional como la intercultural tienen objetivos distintos: "En la comunidad indígena la socialización tiene por tarea integrar al individuo dentro de su grupo; en la sociedad nacional, la escolarización tiene por función transmitir y extender la cultura" (Aguirre, 1982, p. 14). Por lo tanto, las escuelas rurales van caminando a sus propios ritmos, ya que son menos rígidas que las escuelas urbanas, y es por eso que "la educación indígena genuina es de tipo informal y pone acento en el aprendizaje —no en la enseñanza institucionalizada— de las formas de vida que aseguran la continuidad cultural" (Aguirre, 1982, pp. 34-35).

Es necesario resaltar que las propias comunidades han gestado proyectos educativos en algunas regiones del país con el objetivo de transformar la visión de la educación formal que propone la nación y diseñar un plan educativo a partir de sus pautas culturales, respetando la lengua materna como parte del proceso de aprendizaje de los estudiantes, además de incorporar tradiciones y actividades de la vida cotidiana de cada comunidad.

Como ejemplo están las escuelas interculturales en el norte de Jalisco, en la Sierra huichola, donde la comunidad se ha encargado de diseñar planes de estudio para niños y jóvenes, en los cuales han integrado prácticas cotidianas al ritmo de la comunidad, ya que los ciclos escolares de la SEP chocan con actividades culturales —y muestra de ello son las actividades agrícolas—.

Por esta razón, estas escuelas le dan prioridad a estas actividades donde consideran importante la participación de las nuevas generaciones con el objetivo de que se enseñen a trabajar la tierra como parte de sus tradiciones, además que forma parte de los rituales sagrados de la cultura. Asimismo, los rituales religiosos y cambios de autoridades son imprescindibles para la cohesión social y cultural, lo que les permite comprender la importancia de mantener viva su cultura.

El hecho de que los usos y costumbres de los pueblos originarios sean distintos a las sociedades occidentales no quiere decir que haya una jerarquización a partir del desarrollo-atraso, sino que se deben respetar estas formas de hacer, así como los convenios internacionales donde se hacen visibles los derechos de los pueblos. Estos son procesos que coadyuvan a la construcción de su identidad y se deben respetar.

Por lo tanto, la sociedad nacional, junto con el Estado, tendría que reconocer la importancia y con ello observar el enriquecimiento que se da a partir del diálogo y conocimiento entre culturas, el cual es el objetivo central de la interculturalidad. Las culturas originarias tienen muchos elementos que debería considerar la sociedad nacional para establecer relaciones armónicas con el entorno, como el respeto y cuidado del medio ambiente.

Vale la pena mencionar que estas acciones tienen impacto directo en cómo se concibe el otro y cómo se relaciona con el entorno. Desde esta perspectiva, las universidades interculturales que son diseñadas desde la comunidad han tenido éxito, debido a que la estructura de los programas está en función de las necesidades de la comunidad más que en función de las demandas neoliberales del capitalismo.

Esto da como resultado la integración no solo de los estudiantes con su cultura, sino de culturas originarias que están en contacto y con ello construyen puentes para conocer otras culturas y formas de hacer. Hay un enriquecimiento tanto personal como cultural, lo que lleva a fortalecer las relaciones interétnicas para volverse visibles y con mayor poder ante las imposiciones del Estado.

En este sentido, los alumnos que provienen de universidades interculturales reconocen la diferencia que hay entre estudiar en una universidad con estas características y en una con parámetros nacionales.

Cuando fui a conocer la universidad me sorprendió mucho ver que la escuela se encontraba dentro de una comunidad y sobre todo la estructura de la escuela. El trato que recibí de los maestros y de las personas de la comunidad fue muy bueno; me gustó y decidí entrar ahí. A pesar de que nunca había salido de mi casa para vivir en otro lugar separada de mi familia, ya que esta comunidad está a ocho horas, me gustó mucho por los tequios [denominación al tipo de trabajo y organización comunitaria que desarrollan algunas comunidades tradicionales] que realizan en la escuela y en la comunidad" (Isela, estudiante de la Universidad Intercultural de Ayuuk, 2012).

Sin embargo, estos centros educativos se pueden desarrollar y concretar con el apoyo de la comunidad, pero el Estado no los reconoce como programas que aporten a la formación integral de la persona y de la nación; por lo tanto, no hay validación de los programas de estudio. Un ejemplo claro de esta represión por parte del gobierno sobre estas propuestas es la escuelita zapatista, que tiene un programa de estudio fundado en las culturas originarias de los altos de Chiapas: debido a que se antepone a los intereses nacionales, hay una negación de sus prácticas educativas. Esto es solo una muestra de cómo ejerce su poder el Estado nacional.

Reflexiones finales

En síntesis, podemos identificar claramente que los pueblos originarios han visto mermada su posibilidad de acción frente a sus necesidades básicas, sociales y culturales a partir de proyectos de orden mundial que han tenido impacto directo en su autonomía. A pesar de múltiples esfuerzos por distintos organismos que ha reflejado su preocupación por los derechos de los grupos minorizados, específicamente por los pueblos originarios, en teoría sí ha habido avances; sin embargo, en la práctica, no ha habido mayor interés por parte de los gobiernos para establecer relaciones horizontales con la población. Por lo tanto, tendríamos que preguntarnos a nivel personal ¿qué acciones realizamos de manera cotidiana donde seguimos replicando esas ideas y relaciones verticales con miembros de sectores minorizados?

¿Por qué los estados se siguen aferrando a la imposición cultural en culturas originarias? Sin lugar a dudas, tiene que ver con las formas de dominación que se han establecido y han definido que un Estado debe tener el control de su población para mantener la soberanía nacional, y así hacerse cargo de los temas y problemáticas al interior; si no lograra con este cometido, cabe la posibilidad de intervenciones internacionales.

Por esta razón, los Estados nacionales han definido como necesario hacer una distinción de la sociedad a partir del origen étnico, ya que así será más fácil hacer una distinción a partir de los rasgos biológicos, pero también tomando en cuenta la cuestión social y cultural, especialmente de aquellas culturas que no concuerden con los fines que el grueso de la población sigue.

No debemos olvidar que las acciones de los Estados se han legitimado a partir del consentimiento de los ciudadanos al reproducir esas mismas prácticas. En este sentido, entre los logros que ha obtenido el Estado a partir de esa legitimación es el biopoder como una estrategia para controlar a la población según los intereses del Estado. Desde esta perspectiva, el Estado tienen la potestad de generar campañas para proteger la vida o dejar o dejar morir, puesto que son imperativos que se ven relacionados estrechamente con la situación que esté viviendo el Estado. Es evidente a que lo que importa es mantener la reproducción de los estándares internacionales, según el neoliberalismo para dar continuidad a procesos económicos en donde un sector muy pequeño de la población se verá beneficiado.

Por tal motivo, la educación vista como un derecho humano es solo un pretexto para conseguir aquellos objetivos que se han planteado para el desarrollo económico, tecnológico y político de una región. Por ello, los países del tercer mundo sustentan estas ideologías, ya que no es posible una independización de estos ideales debido a que el sistema político es una gran máquina que requiere de todos sus engranes para que pueda funcionar a la perfección, y sin el correcto ejercicio de uno, no puede continuar.

Referencias bibliográficas

Cómo citar este texto

Ceja Chávez, B. C. (2017). Educación dirigida a culturas originarias en México. Punto CUNorte, 3(5), 144-168.