Efectos del desarrollo de megaproyectos pioneros en la región yoreme de Sonora, México

Effects of pioneering megaproject development in the Yoreme region (Sonora)

Resumen

El siguiente texto se refiere a un pequeño ejido al sur del estado de Sonora, México, ubicado en el municipio de Álamos, el cual fue impactado y reubicado por un proyecto de desarrollo hace más de 60 años. El proyecto en un principio pareció ofrecer oportunidades de empleo y desarrollo para los afectados; sin embargo, surgieron diversos problemas significativos como la pérdida del patrimonio histórico y cultural, cambios en su forma de vida, despojo territorial, pagos injustos por su territorio y la existente precariedad en servicios e infraestructura.

Palabras clave: pueblos originarios, yoreme, desarrollo industrial, derecho indígena.

Abstract

This paper deals with a small village in the municipality of Álamos in southern Sonora which was relocated by a development project more than sixty years ago. The project initially seemed to offer job opportunities and development for the people affected. Significant problems ensued, however, such as the loss of historical and cultural heritage, changes in ways of life, territorial dispossession, unfair payment for lands, and ongoing deficiencies in services and infrastructure.

Keywords: First Nations, Yoreme, industrial development, indigenous rights.

Introducción

A mediados del siglo xx, en el mundo existió un fuerte impulso hacia las construcciones de represas, ya que eran consideradas como sinónimos de progreso, por lo que era común que dichas obras de desarrollo se proyectaran en países tercermundistas. A partir de entonces, en México inició en 1952 el "desarrollo estabilizador", el cual fue un modelo económico que propiciaba el desarrollo agroindustrial.

En esa época fue construida la presa hidroeléctrica "Adolfo Ruiz Cortines", una de las principales represas en el estado de Sonora, la cual fue considerada por la ideología política y económica como un proyecto viable para el progreso regional y nacional. No obstante, su construcción implicó el despojo territorial de la población del ejido Conicárit sin un mecanismo de defensa o un aparato legal que estuviera basado en políticas que regularan el despojo territorial, el desplazamiento y la reubicación involuntaria, lo que acarreó múltiples consecuencias.

El ejido Conicárit

Conicárit fue un pueblo histórico que se encontraba sobre la cuenca media del río Mayo; perteneció a uno de los ocho pueblos mayos de Sonora.¹ En la época prehispánica, este lugar fue habitado por los indígenas conicaris, una sociedad tribal de cazadores recolectores que practicaban la agricultura en la ribera del río Mayo, hoy extintos. Esta tribu se encontraba dentro de la región que ocupan actualmente los cahítas (Sánchez, 2011), conocidos contemporáneamente como indígenas yaquis y mayos, o yoeme y yoreme que significa "la gente" o "el que respeta la tradición" (Moctezuma, 2007).

Durante el proceso colonial, los yoremes de la región fueron evangelizados por los misioneros jesuitas. En 1621 fue fundada la misión de San Andrés de Conicárit, posiblemente sin sus habitantes originarios, y solamente quedó el topónimo en lengua yoreme conocido como Conicárit que significa "casa de los cuervos". Los yoremes de la época también fueron desplazados por la nueva población europea que llegó, lo cual obligó a los indígenas a concentrarse en las misiones y los presidios para trabajar en las minas y en las nuevas exigencias y métodos agrícolas que exigía la Colonia.

Sin embargo, los yoremes de Conicárit participaron en conjunto con los yaquis en las guerras por el territorio contra los españoles y el Estado mexicano en el siglo xix. En consecuencia a su rebelión e insurgencia, ocurrió una gran persecución hacia ellos y perdieron sus territorios. Posteriormente a la Independencia, a la guerra de Reforma y a las intervenciones norteamericana y francesa, los yoremes unieron fuerzas durante la Revolución con el general Álvaro Obregón contra los villistas. Obregón consiguió su alianza prometiendo regresarles las tierras que perdieron durante el porfiriato; sin embargo, jamás lo cumplió.

Poco después de la Revolución mexicana y con la reforma agraria, se efectuó el reparto de tierras a los mayos (Moctezuma, 2007). En 1933 surgió el ejido Conicárit. Sin embargo, los gobiernos institucionales posteriores a la Revolución adoptaron las ideologías de desarrollo y crecimiento económico, las cuales siguieron el conflicto tradicional por el territorio con los pueblos indígenas. A pesar de que Lázaro Cárdenas promulgara una nueva reforma agraria que dotara de tierras a las comunidades campesinas y pueblos nativos en 1932, surgió un negativo indigenismo posrevolucionario, el cual pretendía transformar a los indígenas de su cultura con la idea de "mexicanizar al indio".²

Respecto a algunas de sus costumbres, existen prácticamente tres fiestas tradicionales, las cuales continúan con dificultad reproduciéndose debido a los efectos del impacto sociocultural. La primera fiesta tradicional del año en Conicárit se lleva a cabo el día 2 de febrero, que corresponde al calendario litúrgico de la religión católica como el día de la Candelaria, y es la más importante para el pueblo; la segunda fiesta, o serie de fiestas, se realiza durante la Cuaresma y la Semana Santa, y la tercera fiesta es el día de San Juan Bautista, el 24 de junio, donde la gente se baña en el embalse.

Hoy en día al pueblo también se le conoce como comunidad de El Mocúzarit, que surgió después de la inundación del pueblo originario de Conicárit por la construcción de la presa Adolfo Ruiz Cortines durante el periodo de 1952-1955. Esto significó un evidente etnocidio y la pérdida de un vestigio arqueológico importante para la cultura yoreme. El ejido (núcleo agrario) aún existe, pero el pueblo antiguo no.

Aspectos sociales

La localidad se compone de 635 habitantes (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015), de los cuales solo el 1 % de la población es hablante de una lengua indígena; este bajo porcentaje se debe al desplazamiento lingüístico de la lengua yoreme por el español (Moctezuma, 2007). De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi, 2015), de los 635 habitantes que existen, 345 son hombres (55 %) y 287, mujeres (45 %); 370 habitantes, hombres y mujeres, son mayores de 18 años.

Los avecindados cuentan con 125 viviendas. El 83.5 %, mayores de 5 años, practican la religión católica y el 58.77 % de la población está casada o en unión libre. El grado medio de Conicárit respecto a escolaridad es de 6.35; la media en el municipio de Álamos es de 5.71, y en el estado, de 8.18. Según las fuentes citadas, existen 5 personas mayores de 5 años que hablan una lengua indígena, en este caso el mayo (yoreme), de las cuales solo 4 son bilingües (Inegi, 2015).

La población económicamente activa es de 205 personas y representan el 32.59 % de la población total. En el sector primario —agricultura, ganadería, pesca, minería y explotación forestal— existen 174 personas, que representan el 86.14 %. En el municipio, el porcentaje de personas que se dedican a este sector es del 41.11 % y en el estado de Sonora, el 16.45 %. En el sector secundario —las industrias de la construcción, gas, agua y manufactureras— existen 10 personas, las cuales representan un 4.95 %; en el municipio son el 27.77 % y en el estado, el 30.44 %. En el sector terciario —comercios, servicios y transportes— hay 18 personas, las cuales representan el 8.91 %; en el municipio son el 33.12 %, mientras que en el estado, el 53.11 % (Inegi, 2015).

Lo que prevalece es el desempleo agrícola. Durante los años ochenta hubo una fuerte caída en la tasa demográfica debido a la falta de un centro de educación media en Conicárit, es decir, hubo migración hacia otras localidades y ciudades (Secretaría de Presupuesto y Programación, 1982).

El Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social del Inegi y Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dice que Conicárit presentaba a 195 personas de 15 años o más con educación básica incompleta; que existían 107 personas sin derechohabiencia a servicios de salud en el año 2010, y que se registraron 122 viviendas sin drenaje, solo 34 con piso de tierra y 16 sin excusado sanitario (Secretaría de Desarrollo Social/Coneval, 2014). Cabe decir que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) dice, respecto a la región mayo-yaqui, que el municipio de Álamos, a pesar de haber tenido un índice de desarrollo alto, también tenía un alto grado de marginalidad respecto a sus poblaciones indígenas (CDI, 2010).

Respecto a los cambios en su forma de vida, los hijos de los ejidatarios han perdido la práctica de las actividades agrícolas, dedicándose casi por completo a la pesca en el embalse artificial. Dicha actividad es considerada de uso terciario y es la que mejores y mayores perspectivas ofrece para el desarrollo económico local. En relación a lo anterior, en 1979 se creó la Unidad Económica Especializada "Pescadores del Mocúzarit" como sección de producción del ejido Conicárit. No obstante, dejó de existir, ya que se disolvió y se separó del ejido.

Esta unidad fue estructurada en cooperativas para beneficios particulares. La separación y el interés particular implicó la introducción de especies de peces no endémicas del río que desplazaron a las especies nativas, y ello supuso también afectaciones al medio ambiente. Según los testimonios de algunos habitantes, antes del embalse se pescaba lobina, bagre y camarón de río en abundancia; actualmente solo se enfocan a pescar, reproducir y sobreexplotar tilapia y bagre negro. A decir verdad, la pesca siempre se ha ejercido por generaciones como actividad productiva; sin embargo, con el embalse de la presa ha ido sobrepracticándose con el tiempo.

La ganadería ejidal característicamente no es de propiedad colectiva ni comunal, es decir, cada ejidatario tiene cabezas de ganado en propiedad particular. La agricultura es escasa y se siembra ajonjolí y en pocas ocasiones maíz para venta y autoconsumo. Se observa que la actividad pesquera rebasó otras actividades como la caza y la recolección, así como un evidente abandono en el campo, lo cual se trata de un desplazamiento productivo.

Despojo territorial, reubicación y desplazamiento

En 1933, Conicárit recibió la primera dotación de tierras³ con 10 281 hectáreas para 144 ejidatarios, constituyéndose como ejido desde 1932. Ello tuvo como referente a la dotación de tierras ejidales a los afectados y las acciones agrarias registradas por el Registro Agrario Nacional (RAN). En 1949, el ejido solicitó una ampliación de 463 hectáreas; sin embargo, en 1954 surgió el acta con ejecución presidencial para la expropiación, y en 1955 la entonces Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) les expropió 4 119 hectáreas de su territorio por utilidad pública para la construcción de la presa Adolfo Ruiz Cortines.

En 1972 se llevó a cabo la segunda ampliación, de 3 290 hectáreas. En 1996 el territorio sufrió una división o resta de 3 041.80 hectáreas. En el año 2010, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales registró ante el RAN la expropiación 697.64 hectáreas por la sobreelevación de la presa en 1986. Durante todo este proceso, el Estado llevó a cabo una investigación de usufructo parcelario ejidal donde privó a los habitantes de derechos agrarios dictaminando nuevas adjudicaciones.

De 1940 a 1972 se realizó la primera ampliación del ejido. En 1944 se efectuó la solicitud de la primera ampliación y en ese mismo año se extendió la resolución presidencial. En 1948 se realizó el dictamen paleográfico o la derogación con respecto a la solicitud de la ampliación. En 1949 se solicitó otra ampliación y se entregó una copia heliográfica del plano definitivo de la primera ampliación territorial solicitada. En ese mismo año se realizó el plano de proyecto de dotación de tierras de ejido al poblado Conicárit, así como el plano de ejido provisional y el informativo de proyecto de localización de la segunda ampliación; además, se realizó un acta de posesión y deslinde virtual.

En 1972 surgió un acta de posesión donde apareció un convenio conciliatorio; al año siguiente se tuvo el acta de posesión y deslinde virtual de la segunda ampliación. En 1975 se presentó el plano definitivo de la segunda ampliación; al mismo tiempo, los ejidatarios se dividieron y conformaron un nuevo ejido con la segunda ampliación que hoy es el ejido Mocúzarit. En 1993 se obtuvo el plano definitivo de la segunda ampliación del ejido.

Los ejidatarios del nuevo ejido Mocúzarit surgidos de la segunda ampliación son 42 miembros y cuentan con una superficie territorial total de 2 823 hectáreas. Sin embargo, ellos han sufrido problemáticas, ya que la minera Cobre del Mayo ha tenido intenciones de obtener parte de su territorio. No fue sino a partir del año 2010 que los ejidatarios de Conicárit recibieron los últimos pagos por la afectación de tierras ejidales por la sobreelevación que se hizo en la presa durante los años ochenta.

El miércoles 9 de marzo del 2011, la Gaceta Parlamentaria publicó el Dictamen Negativo de Proposición número 5 sobre el exhorto al ejecutivo federal por el cumplimiento de los pagos correspondientes sobre la expropiación de 697-64-37 hectáreas al ejido Conicárit y la afectación de tierras del ejido. En dicho documento se mencionan los antecedentes, el contenido de la propuesta, los puntos de acuerdo y las consideraciones.

En torno a la delimitación territorial afectada, se realizó un estudio socioeconómico en 1982, por parte de la Secretaría de Presupuesto y Programación del Estado, el cual proporciona el polígono ejidal de ese entonces (ver imagen 1). El estudio socioeconómico fue realizado 27 años después de que los habitantes fueron expropiados territorialmente por la construcción de la presa.

Imagen 1. Polígono ejidal de Conicárit

Fuente: Secretaría de Programación y Presupuesto, 1982.

Como se observa en la imagen 1, gran parte del territorio ejidal quedó inundado por el embalse de la presa, lo que quiere decir que hubo un impacto territorial significativo para las condiciones de vida de los afectados. Michael Cernea (2004) dice que la expropiación afecta la base del sistema productivo local y las actividades comerciales, y menciona que se pierde capital natural como el producido, representando un fuerte impacto para las economías de las familias, las cuales son empobrecidas.

En el caso de Conicárit, se trató de una reubicación por reacomodos, es decir, se presentó la categoría de involuntarios sociales en su caso, los cuales "son ejercidos por proyectos de desarrollo (presas, construcción de áreas turísticas, aeropuertos, minas o puertos marítimos)" (García, 2003, p. 8). En ese tiempo, poco se tomó en cuenta la reubicación de un pueblo indígena (yoreme).

Respecto al desplazamiento forzado causado por la presa, los habitantes del pueblo tuvieron que volver a reconstruir sus viviendas sin el apoyo gubernamental y asentarse sin un programa o modelo de reubicación que los orientara o los ubicase en una situación de desplazamiento y pérdida territorial, de trabajo agrícola y de vivienda; es decir, no existió en su momento un aparato legal respaldado en políticas en la materia que ayudaran a los ejidatarios a redireccionar o defender sus intereses respecto a las intencionalidades sobre su territorio y su plan de vivienda.

De acuerdo con los testimonios de los pobladores, los responsables de la presa querían reubicar al pueblo en una colonia en un suburbio de la ciudad de Navojoa al sur de Sonora, el cual se llamaría "La colonia Mocúzarit"; pero eso nunca ocurrió, ya que la gente del pueblo no estuvo de acuerdo con dicho ofrecimiento y ellos mismos se reubicaron a orillas del embalse, construyendo casas de adobe.

La intención de remendar el daño de su reubicación no funcionó o no se negoció satisfactoriamente debido al desentendimiento sociocultural de los responsables con los afectados directos. Probablemente, el problema de recomponer ese hecho se consideró como un obstáculo necesario de superar y no como una acción concreta pensada en un estudio social para reubicar responsablemente a la población afectada.

Una de las contradicciones de los proyectos de desarrollo como las represas es la falta de planeación para reubicar a la población afectada. Esta falta de planeación fue porque no se les dio la debida importancia a los aspectos sociales que causó la presa. Alberto García (2003) menciona que en un principio las relocalizaciones por construcciones de represas eran interpretadas como una simple mudanza a causa de una falta de un programa integral de desarrollo. En este sentido, en Conicárit faltó un plan integral de desarrollo que ayudara a las personas a mejorar su condición social respecto a su reubicación y a sobrellevar su desplazamiento.

Indemnización y servicios

La forma de indemnización a la que tuvieron que recurrir las instituciones responsables para resarcir los daños a los desplazados y al reacomodo fue el pago con especie (ganado y dinero), el cual fue insuficiente debido a la falta de entendimiento de su contexto socioeconómico y cultural y el poco compromiso que ello implicaba, además de que existía una seria incapacidad para hacer frente a las necesidades derivadas por el desplazamiento.

Las formas de indemnización se efectuaron sin ningún reglamento ni programa o estudio social previo que evaluara las necesidades reales de la población afectada. Respecto al pago por los daños, existen, curiosamente, dos cifras registradas sobre la indemnización que se otorgó al ejido Conicárit: la primera es de 667 574.12 pesos, la cual fue decretada por el expresidente Adolfo Ruiz Cortines y publicada en el Diario Oficial de la Federación de 1955; la otra cifra es la que viene incluida en el documento del proyecto de la presa Mocúzarit, que es de 1 005 066.54 pesos.

Sobre la atención social de las instituciones, se tiene registro que ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y ni el Distrito de Riego del Río Mayo 38 han atendido de forma cabal las problemáticas sociales y las necesidades de la población afectada. La atención social de las instituciones hacia Conicárit es mínima o nula comparada con su atención enfocada a un interés económico derivado de la producción agroindustrial e hidroeléctrica que la presa genera en el Valle del Mayo.

En cuanto a la atención social de las instituciones responsables, existen servicios públicos que son derivados de estas (vivienda, luz, agua potable). Sin embargo, los servicios otorgados por las instituciones son precarios y no cumplen íntegramente con las necesidades de la comunidad.

Durante una investigación de trabajo de campo, un trabajador de la presa (Conagua) y algunas personas de la comunidad respondieron negativamente al cuestionamiento sobre si había existido algún tipo de relación, para su beneficio, con respecto a proyectos de desarrollo con la CFE, la Conagua o el distrito de riego. Solo informaron que algunos representantes de estas instituciones habían ido a hacer estudios y censos a la comunidad para la construcción de algunas viviendas, pero ninguno en cuestión de desarrollo agrícola o económico. El único beneficio comprobado fue por parte de la minera Cobre del Mayo, la cual donó una ambulancia al centro de salud.

En servicios e infraestructura, el pueblo cuenta con un suministro y abastecimiento de agua potable, la cual fue introducida en 1971 por un programa estatal. Sin embargo, el servicio es deficiente y la administración y distribución es precaria, es decir, no alcanza a cubrir satisfactoriamente la demanda de agua de la comunidad al 100 %. La localidad solo recibe el suministro de agua una vez al día por dos horas, aunque los pobladores refieren que hay abastecimiento un día sí y un día no, y que hay veces en las que la espera se prolonga de 4 a 6 días. Los habitantes tienen la necesidad de acarrear agua de la presa para realizar actividades domésticas y de aseo personal.

Este escaso abastecimiento representa un serio problema que pone en riesgo la salud de la comunidad, ya que cuando no hay suministro de agua potable la población tiene que recurrir al agua del embalse para realizar sus actividades higiénicas y domésticas, porque el agua de la presa contiene demasiado salitre y en ocasiones sirve de depósito de desperdicios de la actividad pesquera.

Existe también un problema sobre el abastecimiento de energía eléctrica. Curiosamente la planta hidroeléctrica de la presa alimenta de electricidad al pueblo, pero es de baja energía y en ocasiones no hay luz eléctrica, ya que los generadores son obsoletos y no han sido cambiados desde la construcción de la presa. La energía generada también alimenta a otras poblaciones cercanas como Osobampo; sin embargo, no es capaz de proporcionar adecuadamente energía eléctrica a los avecindados locales, además de que existen fuertes tarifas de cobro por el servicio.

Otro aspecto es que el pueblo carece de un eficiente programa municipal de vías de comunicación y transporte público. La encargada del centro de salud declaró que había un programa de pavimentación que los iba a beneficiar, pero que nunca se llevó a cabo. Así mismo, hubo una supuesta carretera que el ayuntamiento municipal había construido para conectar al pueblo con la carretera que va del municipio de Álamos a Navojoa. El programa de pavimentación estuvo registrado y contaba con presupuesto para realizarlo; sin embargo, no se ha hecho nada al respecto y la gente tiene que arreglar la carretera para estar comunicados. En el pueblo, el transporte público es de dos jornadas, matutina y vespertina, y solo dos veces se puede viajar en el transcurso del día.

Conclusiones

Es difícil establecer con claridad si la presa Adolfo Ruiz Cortines implicó un desarrollo para la población, o contribuyó en ello, debido a que no hubo un verdadero proyecto de desarrollo disponible para consultar; al respecto estaba el estudio socioeconómico de 1982 (Secretaría de Programación y Presupuesto). Con este documento se pretendía ejercer el turismo ecológico e introducir lobina como proyectos de desarrollo; sin embargo, esto no funcionó del todo para el pueblo afectado, solo se introdujo tilapia y la pesca continúa como la única fuente constante de empleo, así que no se pudieron comparar las metas proyectadas contra la realidad observada e investigada.

No se tiene registro de cuál era la expectativa de desarrollo de los pobladores de Conicárit y Mocúzarit, por lo que solo podemos conjeturar un diagnóstico de impacto con base en el modelo de desarrollo que, desde el punto de vista político, se tenía en esa época contra los datos obtenidos en la investigación de campo al día de hoy. Es conveniente reiterar que el modelo de desarrollo de aquella época, el desarrollo estabilizador, tenía dentro de sus prioridades agroindustrializar al país con la inversión en infraestructura hídrica.

La presa Adolfo Ruiz Cortines cumplía cabalmente el modelo, teniendo un doble propósito para el desarrollo: generaría energía eléctrica y crearía de 70 000 a 90 000 hectáreas de riego en el valle. Sin embargo, terminó por beneficiar inicialmente a los ejidatarios del Valle del Mayo, a la empresa constructora —y seguramente también a funcionarios de la Secretaría de Recursos Hidráulicos— y, posteriormente, a las agroindustrias que negociaron con los ejidatarios y al Distrito de Riego 38. Es evidente la desigualdad, la precariedad y el abandono de la población afectada.

Referencias bibliográficas

Cómo citar este texto

Juárez Velasco, C. (2017). Efectos del desarrollo en la región yoreme de Sonora por megaproyectos pioneros. Punto CUNorte, 3(5), 213-227.